La maternidad es el don de dar vida. La muerte materna es la más grave contradicción imaginable. Morir por dar vida y en el momento de dar vida.
Es además un escándalo. Porque las causas de la mortalidad materna están asociadas a negligencia y discriminación. Suceden por fallas estructurales del sistema público de salud. La mortalidad materna viola los derechos humanos de las mujeres.
La muerte materna no debiera suceder. No en un país con “cobertura universal” de salud. No en una economía media como la mexicana.
Todas las causas de muerte materna son prevenibles y atendibles. Evitar la muerte en el parto no requiere altos costos, sofisticados “aparatos” o especialistas. Requiere únicamente acceso a servicios básicos de salud materno-infantil que sí funcionen. Por eso su reducción formaba parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a ser logrados en 2015.
Los ODM fueron fijados en 2000 en la ONU como una agenda mundial “mínima”. Como un “piso” de metas alcanzables para ofrecer mínimos de avance social, para países con mucha pobreza y muy bajo desarrollo. Los ODM no representaban un gran reto para países como México.
Y sin embargo, México no cumplió con uno de los ODM: reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. El dato oficial más reciente está muy lejos: una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 42.5 para 2012, cuando debía ser 22 en 2015. Muy lejos.
Los ODM concluyeron en 2015. Fueron sustituidos por una agenda mucho más ambiciosa, mucho más completa, la Agenda 2030. Esta nueva agenda de la ONU agrupa 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas a ser logradas en el año 2030.
Sin embargo, en esta nueva agenda global la meta de mortalidad materna cambió. Ya no es exigente para México. De hecho está ya cumplida: Una RMM inferior a 70 (meta 3.1 de los ODS).
Estamos ante la paradoja de un país que no logró cumplir este ODM pero que de entrada ya ha logrado esta meta en los ODS. Desde la sociedad tendremos que exigir fijar la meta de reducir la mortalidad materna a una RMM de 22 o menos aún, como parte de las metas nacionales para los ODS.
Este 9 de mayo, a invitación del GIRE —una organización de la sociedad civil con una larga trayectoria de defensa de derechos de las mujeres— acudí a un evento sobre mortalidad materna y violencia obstétrica. En un formato de “tribunal simbólico” con casos reales, decenas de personas de distintos lugares del país dieron testimonio de casos desgarradores. Y a la vez absurdos, porque no debieron suceder.
Estos casos y los datos muestran algo más que la irresponsabilidad y la prepotencia de personas. Demuestran fallas profundas del sistema público de salud. Sobre todo muestran una violación sistemática de derechos humanos. La mayoría expresan discriminación de género, étnica y de clase. La gran mayoría de los casos afectan a personas de bajos recursos. Muchas de ellas indígenas. Y sobre todo reflejan un profundo desprecio a derechos de las mujeres.
La agenda por el acceso efectivo a la salud, que es una de las exigencias de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, tiene mucha vinculación con la salud materno-infantil. Debemos transformar nuestro sistema de salud con un enfoque de derechos para que los recursos se apliquen de manera eficiente a la prestación de los servicios. Sólo así podemos evitar la mortalidad materna. Y lograr la meta aunque sea tardíamente.
Fijar una meta nacional retadora sobre mortalidad materna como parte de los ODS 2030 es importante. Por ejemplo, una RMM de 22 en 2020 a nivel nacional.
Y también lograr que haya metas parciales para que las autoridades nacionales, estatales y municipales asuman compromisos en sus periodos de gobierno. Porque 2030 está muy lejos. El avance debe darse cada año. En el caso de la muerte materna, es urgente e indispensable.
Consultor internacional en programas sociales
@rghermosillo
