Por primera vez se presentará una iniciativa de ley desde la sociedad civil. Para lograrlo se requieren 120 mil firmas. Firmar y juntar firmas son acciones sencillas que permiten pasar de quejarnos al activismo cívico.
Se trata de la iniciativa para crear una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como ley general aplicará en todo el país y obliga a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es una ley que puede transformar a nuestro país. Es una ley que puede superar la historia de corrupción e impunidad que minan nuestra democracia, nuestra economía y nuestra seguridad.
Es una iniciativa que surge de la sociedad civil. Un grupo plural de expertos de reconocido prestigio han elaborado una ley completa. Es un trabajo especializado, de gran calidad, muy serio y valioso. (Véalo aquí: ley3de3.mx).
Este proyecto de ley crea directrices precisas sobre las diferentes formas de corrupción: soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, nepotismo, uso ilegal de información confidencial o falsa y conspiración para realizar actos de corrupción.
La iniciativa tiene muchas otras ventajas. Prioriza la recuperación de los recursos robados. Genera incentivos para la recuperación del dinero. Crea una “lista negra” de quienes cometen corrupción. Facilita la denuncia y protege a denunciantes y testigos.
Es la Ley 3de3. Obliga a la presentación pública de tres declaraciones por parte de todos los servidores públicos: Patrimonial, de intereses y de impuestos. Las tres declaraciones son muy importantes: a) Declaración Patrimonial, incluyendo familiares directos. b) Declaración de impuestos. c) Declaración de intereses, para saber quiénes son los socios, compadres, trabajos anteriores y redes de relación.
La iniciativa ha surgido desde la sociedad civil, con el impulso del Imco, de Transparencia Mexicana, del CEEY, de la Red por la Rendición de Cuentas y de muchas organizaciones de la sociedad civil que nos estamos sumando. Es un genuino producto ciudadano.
Lograr que se apruebe la ley requiere un presión ciudadana. El primer paso es juntar muchas firmas. Hay muchas personas que aún no firman. Hay muchas otras que aún no han entregado los formatos con firmas. Hay centros que sólo esperan a que los formatos lleguen.
No basta el llamado a firmar. Esperar a que llegue el formato no es buena opción. La experiencia muestra que hay que llevarlo, ayudar a llenarlo en reuniones, en la escuela, con las amistades y en los centros de trabajo. Una persona debe invitar y ayudar a llenar el formato. Sólo la firma debe ser autógrafa.
Estamos en la etapa de dispersión de los formatos. Hay que iniciar ya el acopio. No hay que seguir esperando. Estamos cerca del primer corte y ya requerimos reunir todos los formatos.
Hay que salir por las firmas. Para llegar a personas que no son muy activas en redes sociales, vamos a realizar una Jornada Nacional contra la Corrupción el 13 de marzo. Ese día —y en los días previos— hay que colocar mesas en plazas públicas, parques, centros comerciales, mercados y en otros lugares e invitar a la ciudadanía a firmar.
El paso más importante será exigir que se apruebe. Evitar que le cambien o diluyan las obligaciones. La reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción se logró con el impulso ciudadano. Sus leyes requieren aún mayor presión. Esta iniciativa es el ariete. Es la punta de lanza.
Es la hora del activismo ciudadano. No basta quejarse.
Consultor internacional en programas sociales
@rghermosillo
