La responsabilidad legal de aprobar los salarios mínimos corresponde a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Con la nueva reforma legal, que estará vigente en unos días, su decisión no tendrá efectos sobre multas, derechos, créditos de Infonavit y financiamiento a partidos.
Hay varias interrogantes sobre este organismo: ¿Quién integra esa Comisión? ¿A qué organizaciones sindicales y empresariales representa? ¿Qué criterios y metodología usará? ¿Y quizá la pregunta más importante es: ¿Ante quién rinde cuentas?
Formalmente, la Conasami es un organismo público descentralizado, establecido en la Ley Federal del Trabajo. Está integrado por un representante del gobierno y 22 representantes de la sociedad: 11 de los empresarios y 11 de los sindicatos.
La Conasami es un organismo oscuro. En su portal de internet no hay información sustantiva sobre el proceso de deliberación para fijar el nuevo salario mínimo. Tampoco es fácil saber el nombre de los 22 representantes de sindicatos y empresarios que lo integran. Y no hay información sobre su perfil y su adscripción.
La Conasami aparece como un organismo anquilosado. Su integración resulta muy al estilo del sistema cerrado de los 60 y los 70. De hecho, el presidente de la Conasami lleva en el cargo 24 años. Fue nombrado en 1991 por el presidente Salinas y desde entonces se mantiene en esa posición. Es el único representante del gobierno.
La Conasami parece un organismo monolítico. En tiempos de pluralidad, resulta llamativo que no haya posiciones diversas o al menos un proceso de deliberación público que considere diversas opciones o criterios para fijar el nuevo salario mínimo.
El proceso de integración de los 22 representantes que integran la Conasami previsto en la Convocatoria mediante “convenciones” resulta, por decir lo menos, barroco. Por las experiencias exitosas y fallidas en integración de organismos colegiados (como el IFE/INE, Ifai/Inai, Cofece, etc.), este método es muy llamativo.
La Conasami no presenta una posición clara. De acuerdo con la ley, la Dirección Técnica de la Conasami elabora un Informe Económico Anual para el Consejo de los 22 Representantes. El más reciente disponible en internet corresponde a 2014. Se sabe que se ha entregado el correspondiente a este año. Es un documento basado en “copiar y pegar” otros documentos económicos. Sin metodología, sin línea analítica y lo más grave: sin conclusiones o recomendaciones.
La Conasami era decorativa. En la práctica, realizaba una tarea muy simple: ajustar el valor del salario mínimo de acuerdo a la inflación, tomando como única referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México. Esta ha sido la práctica, al menos desde 1994.
La Conasami tiene prisa. El señor Basilio Núñez, presidente casi vitalicio de esta Comisión, ha declarado que este año los salarios mínimos se darán a conocer esta semana. En años anteriores se anunciaban hacia la primera posada.
Sólo habría una razón para adelantar: evitar que entre en vigencia la reforma constitucional que libera al salario mínimo como unidad de medida para otros efectos como multas.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esa reforma el 19 de noviembre. Desde entonces 13 Congresos locales ya la han aprobado. Faltarían tres, lo cual podría suceder esta semana.
Es por lo tanto, una posición de consenso plural entre partidos. Esta no es una posición partidista, por más que el gobierno del DF u otros partidos la propongan.
Ajustar el mínimo por lo menos al monto de la “línea de pobreza” fijada por Coneval es una obligación moral y legal. Violar la Constitución desde un órgano de gobierno debe ser sancionado. Desde la Acción Ciudadana insistiremos.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
