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El centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la iniciación de la Independencia transcurrieron con más pena que gloria; en ceremonias insustanciales y monumentos que no dejaron huella. El retrato de la mediocridad y de la revancha conservadora de Felipe Calderón. En cambio, en la cercanía del centenario de la Constitución de 1917 se encadenan voces críticas que coinciden en la necesidad de refundar la República, a través de una revisión integral de nuestra Carta Magna.
Quienes desde hace decenios nos hemos pronunciado por la instauración de una nueva República en vista de la evidente obsolescencia de la actual, hemos bregado en generar un consenso respecto de establecer una sistemática constitucional coherente, un texto limpio y accesible, así como el restablecimiento de principios fundamentales y de una indispensable actualización de la normatividad existente.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados han elaborado un estudio académico que propone una revisión y consolidación de nuestra Carta Magna para hacerla legible y eliminar sus contradicciones. Este esfuerzo pretende sintetizar el cuerpo constitucional, toda vez que propone el traslado de algunos artículos a una “Ley de Desarrollo Constitucional” por considerarlos de naturaleza reglamentaria. No pretende modificar el contenido de las decisiones, sino reordenarlas. Diagnostica, no obstante, que la Constitución se ha convertido en un texto caótico, prolijo, redundante y “descuidado desde el punto de vista técnico” que ha triplicado la extensión de la carta de Querétaro.
Al despuntar la transición democrática creamos la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, cuyo propósito era la elaboración de un nuevo texto constitucional que no fuera resultado de los arreglos mezquinos, sino que involucrara a todos los estamentos de la sociedad. Esa iniciativa se vio frustrada por la llegada al poder de gobernantes que prefirieron medrar al amparo de las instituciones del antiguo régimen y profundizar en la entrega de los intereses del país.
Recientemente han surgido iniciativas como Por México Hoy en la que nos hemos reagrupado los militantes por el cambio de 1988 con el mismo propósito. En Puebla, se ha lanzado un foro permanente cuyo título es la Constitución de 1917: ¿celebración o extremaunción? No hay foro al que asista, sea de política internacional, cuestiones económicas y sociales o derechos humanos en el que no se plantee la urgencia de un trabajo conjunto para revisar y actualizar los capítulos de la Constitución.
Existe la convicción de que decisiones políticas fundamentales para el pueblo mexicano han sido lamentablemente desmanteladas, al margen de cualquier consenso nacional. Es verdad pública que la Constitución es letra muerta, porque no rige a la sociedad ni limita al gobierno, ni sirve para transformar al país.
La Cámara de Senadores y algunos partidos políticos han anunciado su decisión de encarar seriamente la cuestión de una nueva constitucionalidad. No basta un reordenamiento del texto actual. Es necesario convocar a un Congreso Constituyente precedido de un amplio debate nacional sobre los objetivos que perseguimos. Es urgente repensar las vías para arribar a una auténtico Estado de derecho. Hoy prácticamente todas las instituciones constitucionales están rebasadas, en gran parte porque se ha perpetrado un vaciamiento de la soberanía. La solución a los graves problemas del país está en la reconstrucción del pacto social, que recupere tanto nuestra tradición como nuestro espíritu republicano.
La erección de un Congreso Constituyente originario para debatir y aprobar el nuevo orden jurídico de la ciudad de México, podría convertirse en un detonador para estimular una conciencia refundacional del país. Todos los partidos políticos y la opinión pública han recibido con beneplácito esta iniciativa. Su buen éxito depende de que el Congreso de la Unión apruebe una composición genuinamente democrática y de que la sociedad, los especialistas y las organizaciones civiles se comprometan en una modificación profunda de las instituciones de la capital, que absorban los avances logrados por los gobiernos progresistas y resuma los derechos democráticos estatuidos en los tratados y convenciones internacionales de los que México forma parte. Como en los inicios de la República, la recuperación de la soberanía por el pueblo volvería a iniciarse en la capital.
Comisionado para la reforma política del Distrito Federal
