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Después del fracaso del proyecto que pretendía integrar a todos los países del continente en una alianza comercial (ALCA), el propósito pareciera reconstruirse a través de la Alianza del Pacífico y ensancharse a Oceanía y Asia a través del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), encabezado por EU e integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Países que han suscrito tratados de libre comercio con nuestro vecino del norte y se han alineado, en diversas medidas, al modelo neoliberal.
Según las filtraciones se trata de una conformación selectiva, asimétrica y de clara supremacía empresarial que otorga a los representantes de la economía privada la conducción estratégica del proceso de integración. Sus defensores sostienen que los países signantes sumarían 800 millones de habitantes y representarían el 19% de las exportaciones y el 40% del PIB mundial. Los organismos monetarios y financieros internacionales (FMI, BID y BM) han ofrecido apoyos inmediatos, habida cuenta de que EU, Japón y Canadá juntos, cuentan con el 25%, 39% y 28% de los paquetes accionarios.
El acuerdo permitiría a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos en el ISDS (arbitraje de diferencias inversor-Estado) y recibir indemnizaciones sin haber agotado antes las vías legales internas. Modalidad altamente riesgosa del nuevo derecho económico internacional que eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.
Fortalecería a los grandes monopolios farmacéuticos a través de la ampliación de la vigencia de patentes y les permitiría bloquear la comercialización de medicamentos genéricos de uso popular, lo que obviamente conculcaría el derecho humano a la salud. Colocaría, además, en inmensa desventaja a países que como México registran, en total, 14 mil patentes al año; frente a otros que, como Japón, producen 43 mil 660.
Promovería que los presuntos dueños de los derechos autor obligaran a los servidores de internet a retirar contenidos que estimaran ilegales sin que mediara autoridad alguna para evitarlo o regularlo, lo que abriría la puerta a la censura y al bloqueo de derechos de acceso a la información, la difusión política y la cultura.
Las privatizaciones y concesiones ya realizadas o en curso, de otorgarse, podrían volverse acciones irreversibles. Concedería un blindaje jurídico adicional a las corporaciones extranjeras que, al amparo de la reforma energética y de telecomunicaciones, obtuvieran concesiones en el país. En el extremo, llevaría a la derogación del orden jurídico interno.
Paul Krugman denuncia la “apertura salvaje de la economía mexicana”, la cual “no ha rendido los frutos esperados”. Insiste que, desde el sometimiento a la globalización neoliberal, ha empeorado la desigualdad social “a un nivel sin precedentes en el mundo”. El también Nobel, Joseph Stiglitz, subraya que con la aprobación del TPP puede generarse “un desempleo aún más alto en México”, ya que supone la desregulación excesiva y escenarios de desigualdad mayores que el NAFTA.
El trato representa, en la opinión de muchos, un nuevo modelo expansionista norteamericano, claramente enfocado a privilegiar a las grandes corporaciones y restar poder geopolítico y tal vez militar a sus adversarios actuales y potenciales (China y Rusia). La búsqueda de una mayor hegemonía a expensas de agudizar la miseria y marginación en los socios más débiles.
Resulta inaceptable la opacidad con la que funcionarios del Poder Ejecutivo, con asesoría del sector privado, llevaron a cabo las “negociaciones de Atlanta”, a espaldas de la opinión pública. Para evitar estos excesos propusimos, en 2011, la inclusión de un apartado en la Constitución que definiera la Política Exterior del Estado Mexicano. Para comenzar, la notificación previa al Senado sobre los términos de las negociaciones internacionales y en algunos casos, la sumisión al cuerpo ciudadano, por la vía referendaria, sobre acuerdos internacionales que afecten de modo significativo a la nación.
También la armonización de esos acuerdos con disposiciones internas de orden público y su compatibilización con la “defensa de los intereses nacionales” enunciada en la ley. De lo contrario seguiríamos deslizándonos hacia el abandono irresponsable de los controles democráticos que deben regir, tanto en el interior como en el exterior, el ejercicio de la soberanía nacional. Estaríamos trasladando a tecnocracias irresponsables la capacidad de violentar la normatividad nacional en olvido de los genuinos intereses mexicanos.
Comisionado para la reforma política del Distrito Federal
