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Hace algunos meses compartí en estas páginas la grata impresión que me provocaron los finalistas a conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el buen ánimo que me había dejado la experiencia como integrante del Comité de Selección que designó a cinco de ellos. La trayectoria y el compromiso de esas mexicanas y mexicanos me obsequiaron una dosis de optimismo fundado frente a tanto desasosiego. Hoy sigo pensando que las personas elegidas son las que el país necesita para coordinar los esfuerzos en esta etapa de construcción institucional.
Pero construir instituciones es muy difícil. Con el paso de los meses surgieron voces que cuestionaron aristas del proceso. En concreto se adujo que podía existir un conflicto de interés porque algunos de los nombrados habían sido propuestos por sendos integrantes del Comité de Selección. Ello a pesar de que, en todas las etapas del proceso y, en particular en la sesión pública de designación, los seleccionadores se excusaron de evaluar o de votar a quienes habían impulsado e, incluso, a quienes consideraban sus amigos.
El otro argumento fue que muchos de los participantes —seleccionadores y posibles seleccionados— participaban en organizaciones vinculadas entre sí a través de la Red por la Rendición de Cuentas. El argumento me pareció —y me sigue pareciendo— fútil. Esas personas llevaban años impulsando reformas, políticas y decisiones públicas en materia de transparencia, combate a la impunidad y anticorrupción. De ahí que su coordinación institucionalizada fuera natural, legítima y —como los hechos demuestran— venturosamente productiva. No hay nada de censurable ni inconfesable. Todo lo contrario. De lo que seguimos ayunos en este país es, precisamente, de un tejido social sólido y articulado para impulsar agendas de interés público. Así que esa Red y algunos otros esfuerzos similares son un garbanzo de a libra en un páramo de apatía.
El caso viene a cuento porque el martes se logró nombrar por consenso a Ricardo Salgado Perilliat como secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción —con lo que el Comité Coordinador del propio Sistema queda prácticamente integrado— pero, de inmediato, emergieron voces que buscan la mácula en el lienzo. Este mismo diario destacó en su primera plana que expertos “critican la designación en Sistema Anticorrupción”. Yo no puedo dejar de sorprenderme.
Primero, el Comité Ciudadano sesionó durante dos jornadas para entrevistar —en un formato público y en un recinto universitario— a los aspirantes al cargo. Después, lograron un consenso para integrar una terna solvente. Acto seguido, elevaron la propuesta a un complicadísimo órgano colegiado integrado por instancias de gobierno, órganos autónomos, autoridades auditoras y juzgadoras. Y éstas lograron ponerse de acuerdo en un nombre de un profesionista serio, de trayectoria pública intachable y experiencia acreditada. En otras latitudes el ejercicio habría merecido un aplauso.
Acá no. Como si edificar instituciones fuera cosa de todos los días y lograr acuerdos la constante en política; cuando ello se logra, en México, en lugar de celebrar, se escudriña para encontrar algo que pueda ensombrecer el proceso. No importa que ese algo sea sustancialmente irrelevante. Desde la desconfianza, la suspicacia y la exquisitez se escatima el esfuerzo realizado, se cuestiona hasta el último detalle y —lo peor de todo— se soslaya el resultado.
Así que voy contracorriente. Agradezco y felicito al Comité de Participación Ciudadana del SNA por su esfuerzo y capacidad para lograr acuerdos; reconozco la gestión de su presidenta ante el Comité Coordinador y; celebro la decisión. Remato deseando éxito al flamante secretario ejecutivo en su azarosa responsabilidad. Prefiero apuntar hacia el Senado y recordar que el secretariado requiere recursos para operar y, sobre todo, que falta la designación del fiscal anticorrupción. Eso sigue y es lo que importa.
Director del IIJ-UNAM
