Más Información
La frase es lapidaria: “Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas”. Sobre todo si quien la pronuncia es el secretario de Gobernación. En sus palabras hay ruptura, hay desmarque y debería haber agenda.
La ruptura es clara y tiene la mirada puesta en el pasado reciente. La “Guerra contra las Drogas” fue la estrategia que, en el discurso y en los hechos, marcará la historia del gobierno de Felipe Calderón. La memoria es corta, pero no puede serlo tanto. En ese sexenio la retórica belicista, el discurso schmittiano (amigo vs. enemigo), la humillación mediática de los presuntos delincuentes, el lenguaje necrófilo de los abatidos, el abuso del arraigo y la propaganda militarista fueron la nota cotidiana. La lógica de la mano dura, del Derecho Penal del enemigo y de la violencia estatal como remedio convirtió a los derechos, al garantismo y al debido proceso penal en el payaso de las cachetadas. Las secuelas de esos tiempos todavía resuenan en los medios: ahí están las voces que perdonan la tortura si su reconocimiento conlleva la liberación del delincuente. Esos son los votantes potenciales que tendría Trump en México. Y no son pocos ni adolecen de poderes.
El desmarque es poco claro y menos convincente. Durante los tres primeros años de este gobierno cambió la retórica y desapareció la propaganda policiaca de los medios. Pero nadie nos ha explicado en qué y cómo cambió la estrategia. Lo que sabemos es que las Fuerzas Armadas siguieron en las calles; que la lógica de la excepción se impuso en amplios territorios —el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán fue invención de este gobierno—; que desaparecieron 43 normalistas en Iguala y otras muchas personas allá mismo y acullá también; que las denuncias por violaciones a los derechos humanos —aunque irriten al gobierno— galopan por el mundo y que, al menos hasta ahora, no conocemos las coordenadas de una política de seguridad alternativa y en marcha.
Por eso creo que, cuando el secretario de Gobernación, finalmente, reconoce que la guerra contra las drogas “partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedentes”, debería explicar qué es lo que sigue. En eso y sólo en eso —al menos en este tema— tienen razón los legisladores panistas que desde el día de ayer van por los medios rasgándose las vestiduras. Cuando los voceros del PAN le exigen al secretario que explique cuál es la estrategia del gobierno actual en materia de seguridad ponen el dedo en la llaga. Lo creo porque si esa estrategia no existe, ni la ruptura ni el desmarque se sostienen.
Politiquerías aparte, el cuestionamiento es de la máxima relevancia por muchas razones. Para empezar porque la criminalidad no es una entelequia sino una realidad que sigue secuestrando personas, extorsionando familias, asesinando alcaldes y amenazando el futuro de nuestro México. En segundo lugar porque, a pesar de los esfuerzos y de algunas decisiones puntuales —nombramientos, programas, leyes—, los abusos y los atropellos de poder siguen ahí, presentes y reales. En tercera instancia, porque en junio inauguraremos un nuevo sistema de justicia penal en todo el país que podría estar edificado sobre arena. Y, para rematar, porque la tentación de politizar el tema de la seguridad podría ser grande y es harto peligrosa.
Para quienes criticamos públicamente la lógica y las decisiones del calderonismo en materia de seguridad, los dichos del actual ministro del interior parecen aire fresco. Pero a veces las apariencias engañan. Por eso es legítimo pedir aclaraciones. ¿Qué queda hoy de la guerra contra el crimen organizado?, ¿qué es lo nuevo? Y quizá lo más importante: si aquella estrategia fue un error —como pienso que lo fue—, ¿cuáles son las cualidades y las fortalezas de lo que Osorio Chong anuncia sin descripciones ni explicaciones? Tenemos derecho a saberlo.
Director del IIJ de la UNAM
