Más Información
Los abogados tenemos fama de “aves negras”, dice Cristian Courtis, que aparecen cuando hay problemas para obtener ventaja de la desgracia ajena. “Tiburones” ha llamado Magaloni a ciertos jurisconsultos que abusan de sus clientes y se enriquecen a sus costillas. Y todos sabemos que —si bien es incorrecto e injusto generalizar— ambas imágenes tienen asideros en la realidad. Lo que sucede es que los abogados intervienen con protagonismo en eventos que tienen que ver con bienes y valores muy sentidos para las personas: sus relaciones familiares, su patrimonio, su libertad, etcétera. Así que cuando adolecen de una formación técnica adecuada y, sobre todo, de un bagaje ético solvente pueden causar daños graves a la vida de sus clientes.
Por lo mismo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos decididos a apoyar tres acciones estratégicas: la formación de abogados técnicamente sólidos, socialmente responsables y éticamente solventes; la certificación periódica de quienes han decidido ejercer la abogacía y la colegiación obligatoria. Son tres acciones distintas, necesarias en lo particular y complementarias en su conjunto.
Sobre el tema de la formación de los futuros abogados nos preocupa especialmente la proliferación de escuelas de Derecho sin la calidad académica y los estándares éticos necesarios. El Estado mexicano ha sido negligente en esta materia y estamos pagando un costo muy alto por ello. Esto es preocupante en sí mismo pero sobre todo lo es cuando se viven momentos de profunda transformación jurídica como los actuales.
Por lo que hace a la certificación pensamos que la libertad en el ejercicio profesional no debe mermar la calidad de los servicios y, por lo mismo, que es legítimo exigir que los profesionistas del Derecho demuestren que cuentan con conocimientos actualizados para realizar su tarea.
Finalmente, en lo que se refiere a la colegiación obligatoria, estamos convencidos de que esta es una pieza clave en el rompecabezas del ejercicio de la profesión jurídica. Me detengo en este punto. La colegiación es una medida estratégica para lograr el control ético, la independencia y la libertad de los abogados. Los colegios sirven como instancias para controlar el ejercicio de la profesión jurídica pero también —y esto es muy importante— para permitir su plena realización. No debemos olvidar que los abogados interactúan con actores poderosos y pueden afectar intereses sensibles. Por lo mismo, deben actuar bajo la exigencia y el acompañamiento de sus pares. De hecho, no es posible concebir a la certificación sin la colegiación y viceversa.
A muchos nos preocupa cómo dar el paso del desorden actual hacia un sistema de certificación y colegiación obligatorias eficiente. Para lograrlo, si se aprueba la ley que lo permita (y que está en la mesa de los senadores), sería importante contar con una instancia implementadora que sea independiente de las autoridades del Estado y de las organizaciones de abogados existentes. Se trataría de una especie de “ómbusman de la abogacía”, que —como ha propuesto D. Valadés— podría denominarse “comisión nacional de ética forense” y que serviría para orientar el proceso de cambio. Dicha orientación tendría un carácter meramente ético o axiológico. Es decir, dicha instancia carecería de facultades vinculantes o punitivas. Su misión sería guiar el cambio, denunciar sus desviaciones, advertir problemas, emitir recomendaciones.
Es cierto que existen preocupaciones legítimas en torno a la propuesta de la Colegiación Obligatoria. Algunos dudan de sus efectos potenciales y otros temen la creación de monopolios poderosos. Estoy convencido de que la instancia propuesta serviría para evitar esas distorsiones. Su carácter sería transitorio pero jugaría un papel clave en la implementación de un proyecto que debe ser amplio, incluyente y verdaderamente nacional. Un proyecto para brindarle al país los abogados que necesita (y merece).
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
