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La propuesta de una nueva ley para las Fuerzas Armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las Fuerzas Armadas, a las cuales se les ordenó demoler a la delincuencia organizada.
¿Cuál sería el propósito de una ley de seguridad interior? Si se admite el fracaso y se están pidiendo nuevas normas ha de ser porque se considera que con las vigentes no es posible tener éxito, es decir, hay que otorgar a los militares funciones que no les corresponden ni están permitidas a la policía. Esto, en principio, es contrario a la Constitución.
Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.
Con la nueva ley no se está buscando que Ejército y Armada regresen a los cuarteles, como han dicho generales y almirantes, sino justo lo contrario, se espera que se queden en las calles pero con ilimitadas atribuciones, contrarias a la Constitución y al sistema mundial de derechos humanos. De eso ya hemos tenido bastante en México.
Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con EU en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de EU en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, tras el convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narco había sido erradicado en 95%. Se había ganado la guerra, dijeron.
Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tanto como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.
¿Para qué se querría hoy una ley exclusiva para las Fuerzas Armadas, luego de 50 años del uso de éstas en la persecución de delitos federales? Parece ser que se piensa que el fracaso militar se ha debido a la falta de facultades inconstitucionales de los militares. Mas darle éstas a los institutos armados es lo más peligroso para cualquier poder civil. Ya de por sí el Ejército y la Armada no piden autorización para el uso discrecional de la fuerza letal, mucho menos lo harán con una ley que se los autorice.
El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada con una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco haya una derrota. Sencilla pero, lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias. Hay que cambiar de política, pero del todo.
Ex legislador e integrante del PRD
