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¿Qué extraña sensación, qué desvarío, llevó a Fidel Herrera Beltrán a jactarse, en los últimos meses de su gobierno, de estar “en la plenitud del pinche poder”? Quizá el mareo que produce el don, reservado a unos cuantos, de dar a luz a un nuevo gobernador. Así se explicaría que su sucesor, Javier Duarte, como digno discípulo, intentara superar al maestro y tejiera una red de funcionarios y empresarios que deja a uno de los estados más ricos del país en condiciones lastimosas.
La deuda pública del gobierno veracruzano creció en estos seis años de 21 mil 499 millones de pesos a 45 mil 776 hasta marzo de este año. El Ministerio Público federal tiene 23 averiguaciones previas por presuntos desvíos de recursos públicos provenientes de partidas federales detectados por la Auditoría Superior de la Federación. El monto de estos probables desfalcos en los cuatro primeros años alcanzaría casi 50 mil millones de pesos (faltan las revisiones de la cuenta pública de 2015 y 2016).
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha presentado 32 denuncias ante la PGR que involucran lo mismo a contribuyentes que a notarios y corredores públicos que habrían participado en la trama para desviar recursos públicos hacia empresas “fantasma”.
En materia de seguridad pública, Duarte hereda una descomposición que involucra lo mismo a policías municipales que estatales (los levantones de muchachos en Tierra Blanca y Papantla son apenas una pálida muestra de la confusión de policías y criminales). La gente vive con miedo. El resultado de las elecciones de junio pasado expresó el repudio colectivo.
Es evidente, en consecuencia, que la salida del gobernador —a 48 días del fin de su gestión— llega demasiado tarde y mal: le encarga el despacho al más cercano, Flavino Ríos, quien como secretario general de Gobierno tiene una enorme responsabilidad en el desastre que es hoy Veracruz; y que, por lo mismo, intentará “tapar” los destrozos de su jefe político.
Al margen de ello, la caída de Duarte marca el ocaso de una generación: la de Rodrigo Medina, Roberto Borge, César Duarte, Manuel Velasco Coello... una camarilla que resultó igual o peor que la que la antecedió: la de los Moreira en Coahuila, los Yarrington y Hernández en Tamaulipas...
¿Por qué no se desplegaron, a tiempo, los mecanismos de que dispone el gobierno federal para “contener” o “desplazar” a gobernadores notoriamente corruptos, ineptos y repudiados? Los mal pensados hablan de arreglos ocultos y de aportaciones sustanciales a la campaña presidencial de 2012, de los cuales serían una ínfima parte los 25 millones en efectivo del gobierno veracruzano descubiertos en el aeropuerto de Toluca.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sostuvo, contra viento y marea, a Javier Duarte. Un manto de protección, verdadero blindaje, parecía perdonarle todo. Duarte se creyó intocable y se engolosinó.
El proceso para nombrar al que los medios llaman “gobernador interino” padece un vicio de origen. La diputación permanente, que opera en los recesos del periodo de sesiones ordinarias, solo tiene atribuciones para nombrar a un gobernador provisional y para convocar a una sesión extraordinaria en la que el pleno (50 legisladores) nombra al gobernador sustituto. No ocurrió así. A Flavino Ríos lo designaron diez legisladores. Un ultraje más al lastimoso Estado de Derecho.
La PGR ya solicitó la orden de aprehensión contra Javier Duarte. Es imperativo que se haya armado una averiguación sólida y que él y los miembros de su extensa red de cómplices sean llevados ante la justicia. Sería imperdonable que todo termine en fuegos de artificio o que resulte cordero pascual y que disfrute de la misma impunidad de Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Rodrigo Medina y tantos otros…
Goberladrones. Hoy varios ex gobernadores están en la cárcel y otros están bajo investigación criminal de autoridades de México o Estados Unidos. Sin embargo, muchos otros siguen en una desenfrenada carrera por enriquecerse desviando recursos que tendrían que incidir en el bienestar de la gente.
Es imperativo que quienes están asumiendo la responsabilidad de gobernar como producto de la alternancia —Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz— entiendan el hartazgo social y decidan ejercer el poder con honestidad, austeridad y eficacia.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario.
@alfonsozarate
