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Los procesos judiciales que se le siguen a Javier Duarte requieren que todos los ciudadanos les demos un puntual seguimiento. No sería imposible, cabe aclararlo desde un principio, que a la postre Duarte les ganara la partida a la PGR y a la Fiscalía de Veracruz.
De hecho, todo parece indicar que ya les va ganando, puesto que de momento está siendo acusado de cuestiones verdaderamente ínfimas, en comparación con las muchas notas de prensa e informes oficiales de los años recientes que señalaban un gran desfalco en las arcas veracruzanas.
Desde el informe de la cuenta pública correspondiente el año 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya alertaba de los desvíos en el presupuesto de Veracruz. Nadie hizo nada entonces, pero la propia ASF fue puntual en sus señalamientos y terminó presentando en los años siguientes 64 denuncias penales, lo que convierte a la entidad veracruzana en la más denunciada de todo el país.
Por ejemplo, en el año 2011 ya hubo una primera denuncia por el desvío de más de 600 millones de pesos que iban a ser destinados al programa educativo “Habilidades digitales para todos”, mediante los cuales se pretendían equipar con tecnología digital a más de 3 mil aulas en el Estado. Nunca se pudo comprobar el ejercicio correcto de ese gasto. En 2013 se “evaporaron” 200 millones de pesos que iban destinados a capacitación policiaca y de los que nadie sabe dónde quedaron. Del Instituto de Pensiones del Estado fueron retirados otros 200 millones, sin que se sepa su destino o uso.
En 2015 los desvíos documentados por la ASG rebasaron los 4 mil millones de pesos que se iban a invertir en rubros de educación y salud. En 2016 Veracruz recibió un crédito de mil millones de pesos de Banobras para construir diversas infraestructuras, ninguna de las cuales fue terminada.
Todavía en los primeros meses de 2017 diversos medios de comunicación hablaban de la existencia de varias empresas “fantasma” que presuntamente sirvieron a Duarte y sus prestanombres para comprar más de 30 inmuebles en Miami, departamentos en Ixtapa, la Ciudad de México, Bilbao y Madrid, un rancho en Valle de Bravo, etcétera.
Pues bien, de todo eso (hasta el momento) nadie ha acusado a Duarte de nada. Vaya, no les han revisado (que se sepa) ni las declaraciones fiscales a él ni a sus familiares directos.
Luego de tanta información, suena a chiste que la PGR lo esté acusando por delitos que involucran unos 200 millones de pesos (aunque su abogado ha dicho en entrevistas que la “litis” del proceso contra Duarte quedó fijada en un monto de 38 millones de pesos solamente).
E incluso de esa ridícula acusación es posible que se salve Duarte, en caso de que la PGR no pueda acreditar más allá de toda duda razonable el origen ilícito de los recursos, las cuentas bancarias de las que salieron, las fechas de los depósitos y retiros, el destino que se les dio y los demás requisitos que exige la ley.
Ahora bien, lo dramático (e indignante) es que si ni siquiera en un caso tan escandaloso como el de Javier Duarte se pueden acreditar los desfalcos y los actos de corrupción, ¿qué podemos esperar entonces de los cientos o miles de casos mucho menos conocidos y cuantiosos que a diario suceden a todo lo largo y ancho del país?
Habla muy mal de nuestro sistema de justicia (en particular de nuestras procuradurías), que no se puedan documentar los actos de corrupción y los desvíos de recursos. Hace pocos meses, las autoridades federales perdieron el caso de la defraudación fiscal contra Elba Esther Gordillo; ¿será posible que ahora el abogado Marco del Toro les vuelva a ganar defendiendo a Javier Duarte?
Sería una enorme burla, pero sería todavía peor que a Duarte se le condene sin pruebas. Por más que nos duela la corrupción y por muy mala prensa que tenga el personaje (y vaya que la merece), hay que exigir siempre el respeto al debido proceso legal. Es fundamental que las autoridades federales y locales actúen conforme a derecho y hagan bien, aunque sea por una vez, su tarea. ¿Es acaso demasiado pedir?
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
