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En la vorágine electoral de las últimas semanas, pasaron algunas cosas importantes a las que quizá no se les ha puesto la atención debida. Una de ellas es un decreto de reforma constitucional aprobado por el Congreso de la Unión (ahora está dando la vuelta en las legislaturas locales para su respectiva aprobación), que va a cambiar la forma de trabajar de cientos de miles de abogados y la vida de millones de personas en el país.
El citado decreto, aprobado el 28 de abril pasado por la Cámara de Diputados en su calidad de cámara revisora, prevé que exista una legislación única, aplicable en todo el territorio nacional, en materia de procedimientos civiles y familiares. Es decir, se va a copiar en materia civil lo que tan buen resultado ha dado en materia penal, en la que desde el 2014 rige un Código Nacional de Procedimientos Penales.
¿Qué tan relevante es esta reforma? Para responder a dicha interrogante basta con considerar que, según datos del Inegi, 36% de todos los procedimientos judiciales en México es en materia familiar y un 30% adicional en materia civil. Es decir, la reforma unificará las reglas procesales en dos materias que suponen 66% (dos terceras partes) de todos los juicios que se llevan a cabo en el país. Por eso afirmo que la reforma en cuestión cambiará el trabajo de miles de abogados y la vida de millones de personas que acuden a los tribunales civiles y familiares para arreglar sus problemas jurídicos. Se trata de un paso enorme para el país.
La reforma del procedimiento penal, a la que tanta atención y tantos recursos se le han dedicado, es relativamente menor en comparación con la reforma del procedimiento civil y familiar. Consideremos, para calcular la magnitud de este cambio, que solamente 13% de todos los juicios que se celebran en México son en materia penal (dato de Inegi); una cifra relativamente pequeña frente al ya mencionado 66% de los juicios civiles y familiares.
Ahora bien, el decreto de reforma constitucional en sus artículos transitorios establece un plazo de solamente 180 días para expedir las reformas legales que lo hagan aplicable. Es un tiempo verdaderamente breve. Ojalá que en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o desde las Cámaras del Congreso ya se esté trabajando en el proyecto de Código Nacional para que una vez que se publique la reforma no nos agarren (como suele ser costumbre) las prisas y, por el contrario, podamos contar con un excelente instrumento jurídico.
La verdad es que estamos frente a una enorme oportunidad de hacer bien las cosas y ayudar a miles de familias que cada año llevan sus pleitos familiares o civiles ante los juzgados. Para nadie es un secreto que en los años recientes ha aumentado de forma significativa la tasa de divorcio en México (actualmente, casi uno de cada dos matrimonios termina en divorcio) y que muchos progenitores tienen que ser demandados para que se hagan cargo de los deberes de proporcionar alimentos a sus hijos. Esto supone una carga considerable para el Poder Judicial, tanto en las entidades federativas como a nivel federal.
Por eso es que resulta estratégico contar con un buen marco jurídico que resuelva esos problemas con celeridad e incorporando todos los avances que la tecnología permite (como desahogo de pruebas por videoconferencia, presentación de demandas por internet, notificaciones por correo electrónico y un largo etcétera).
Habrá sin duda oposición a esta reforma por parte de los abogados más tradicionalistas y reacios al cambio. Me parece, sin embargo, que se trata de un paso en la dirección correcta que puede suponer una mejora sustancial de nuestra justicia en materia civil, la cual llevaba décadas sin ser modificada de fondo. No olvidemos que la reforma es producto de una propuesta que instituciones tan prestigiosas como el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM le hicieron llegar desde el año pasado al Presidente de la República. Su origen es por tanto un análisis académico serio y profundo. Celebro que se haya aprobado la reforma y espero pronto verla convertida en una realidad, tan pronto como sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Investigador del IIJ-UNAM
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