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Justo cuando acaba de cumplirse un año de su completa entrada en vigor, el nuevo sistema de justicia penal está siendo sometido a duros cuestionamientos. Hay quienes señalan que se trata de una reforma fracasada y otros que piden urgentes modificaciones que, por lo que se sabe, más bien supondrían una especie de contrarreforma.
Lo cierto es que tenemos en México un problema de enorme gravedad en torno al sistema penal: la comisión de delitos sigue en aumento de forma imparable. Pero de eso no tiene la culpa la reforma penal, sino que es producto de la absoluta ausencia de políticas públicas de prevención del delito y la manifiesta incapacidad de las fiscalías para aportar pruebas sólidas contra quienes delinquen.
No nos debe sorprender el hecho de que algunos gobernantes pretendan escudarse en el nuevo sistema penal para justificar su incapacidad en el combate a la delincuencia. Como lo señalaba en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL Edna Jaime en un brillante artículo, se trata de una versión autóctona del populismo penal que tan bien se conoce en otros países (parece ser que en México nos especializamos en importar todas las tendencias negativas que se producen alrededor del mundo, también en temas jurídicos).
La reforma penal viene desde el 2008 y pretende ser un cambio a favor de la transparencia de los procesos, del respeto al debido proceso legal y de tutela de los derechos de las víctimas. Nadie debería estar en contra de esos nobles objetivos.
La reforma penal crea audiencias orales, dota de facultades a la figura del juez de control, divide en etapas al procedimiento, permite solucionar problemas a través de distintos métodos alternativos, diversifica las medidas cautelares, niega por completo el valor de pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita y unifica la legislación aplicable en todo el país a través de un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál de esos aspectos, en concreto, les molesta a quienes critican la reforma? ¿quitarían alguno de ellos? ¿prefieren volver a las audiencias semi-secretas como se tenían antes? ¿están de acuerdo en juzgar a personas sin respetar el debido proceso, como se hizo durante décadas?
Hay una cosa que sabemos: el sistema anterior era absolutamente indefendible. El nuevo sistema, basado en la oralidad procesal, está dando sus primeros pasos y merece un voto de confianza. Eso no quiere decir que no podamos enriquecer su funcionamiento haciendo los ajustes que resulten necesarios. Por ejemplo, ha habido previsibles quejas sobre el tema de la prisión preventiva y sobre el funcionamiento de los acuerdos reparatorios.
Son temas que merecen ser analizados con detalle y que tal vez requieran de modificaciones legales, pero de ahí a decir que la reforma es un fracaso hay un trecho enorme que no debemos ser tan ingenuos de recorrer. Los críticos de la reforma que hoy alzan sus voces son los mismos que durante los ocho años que se tuvieron para prepararse no hicieron nada, no invirtieron en capacitación, no prepararon a sus policías, no profesionalizaron a sus ministerios públicos y no combatieron la corrupción en las cárceles.
No tengo ninguna duda de que México pasa por una severa crisis de seguridad pública y que tenemos que invertir más recursos y más energía en el combate a la criminalidad. Los datos existentes en entidades como el Estado de México, Tamaulipas, la Ciudad de México o Guerrero deberían hacer saltar todas las alarmas. Pero pretender que la reforma penal es la causante de ese enorme deterioro es una falacia del tamaño de una catedral.
La respuesta al problema penal debe darse en dos distintos ámbitos, de sobra conocidos: uno es en las políticas de prevención del delito, lo que requiere de un funcionamiento mucho más profesional de la policía y una táctica inteligente para evitar que el delito sea cometido; el segundo ámbito que hay que atender con urgencia es la capacitación de los actores del proceso penal. Lo hemos dicho centenares de veces: el sistema no puede funcionar si quienes hacen las investigaciones son los mismos y siguen haciendo igual que antes su trabajo. Necesitamos mejores investigaciones penales, mejores ministerios públicos, mejores jueces y mejores sistemas penitenciarios.
No es una tarea fácil, pero ya hemos recorrido la parte más difícil, que era la de construir el nuevo procedimiento penal y darle forma jurídica. No caigamos en la retórica derrotista de que no podemos tener una justicia penal digna de ese nombre. Dar marcha atrás a la reforma penal sería un error de dimensiones catastróficas.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
