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El pasado 24 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al texto de la Constitución General de la República, en materia laboral. Aunque los comentaristas de la reforma se han centrado en uno de sus aspectos más llamativos (la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje), lo cierto es que la reforma contiene muchos aspectos que merecen ser comentados, pues va a cambiar en profundidad al derecho laboral mexicano.
La reforma llega en un momento complicado para el país, en el que necesitamos mantener a toda costa la competitividad internacional y atraer inversiones extranjeras, sin que por ello se deban disminuir los derechos de los trabajadores. La nueva reforma laboral puede ser una poderosa señal para lograr tales objetivos.
La reforma establece los criterios que servirán para estimar en qué casos una huelga de trabajadores es lícita: el objetivo de una huelga es buscar un equilibrio entre los factores del trabajo, es decir entre los trabajadores y los patrones. También señala que las huelgas que afecten servicios públicos se deben notificar cuando menos con 10 días de anticipación a los tribunales laborales. Cuando en una huelga haya violencia generalizada por parte de los trabajadores en contra de personas o propiedades, será declarada ilícita; ésta nueva disposición viene a subrayar el carácter pacífico que deben tener las huelgas, algo que no todos los sindicatos mexicanos han entendido, desgraciadamente.
La mayor novedad, como ya se apuntaba, es la creación de verdaderos tribunales laborales, los cuales se van a integrar al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas, según corresponda de acuerdo a su competencia. De esta forma, se extingue la figura de las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita: cada junta cuenta con un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno. En realidad se trata de un modelo que fue noble y bien intencionado en sus inicios, pero que ha quedado francamente rebasado en el siglo XXI.
El decreto de reforma no aclara qué va a suceder con los trabajadores que laboran en las juntas. La única mención es la que se contiene en artículos transitorios, de acuerdo con la cual se establece que se les van a respetar sus derechos. Queda la duda de si se procederá a liquidarlos conforme a la ley o si podrán (algunos de ellos) incorporarse a los nuevos tribunales laborales, en función de la experiencia que tienen y del conocimiento que pudieran aportar. Desde luego, la suma de las indemnizaciones a los trabajadores de las juntas supondrá un duro golpe para las finanzas —ya de por sí bastante deterioradas— del Estado mexicano.
El decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se creen Centros de Conciliación, que serán una especie de primer “filtro” de los conflictos laborales, evitando que muchos de ellos lleguen hasta los tribunales. Ojalá funcionen bien, para evitar que los nuevos juzgados se vean colapsados desde el inicio de sus labores.
A nivel federal la función conciliatoria como etapa previa a los juicios laborales la va a llevar a cabo un organismo descentralizado que dependerá de la Secretaría del Trabajo federal y que además tendrá la competencia de llevar el registro de los convenios colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales existentes en el país.
Otra novedad de la reforma es que se ordena el voto libre y secreto para la elección o renovación de las dirigencias sindicales. Esto puede ser una buena idea para combatir a las mafias directivas de algunos sindicatos, cuyos “líderes” llevan décadas viviendo del dinero de sus agremiados (y viviendo con ingresos multimillonarios, en muchos casos). Si la reforma puede abonar a la existencia de un sindicalismo más democrático y transparente, habrá cumplido sin duda con su función.
En todo caso, se trata de una reforma que debe ser bienvenida porque aborda un aspecto medular para el desarrollo económico del país. Ojalá los legisladores hagan ahora de la mejor manera posible la tarea restante, diseñando las modificaciones legales que el nuevo marco constitucional requiere. Tienen un año para lograrlo. Conociendo la displicencia que caracteriza a nuestros “representantes populares”, parece poco tiempo. Ojalá se apuren.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
