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El mismo día en que se festejaban 100 años de la Constitución mexicana fue publicado un nuevo decreto de reforma al texto de nuestra Carta Magna. Se trata de una serie de modificaciones que van a permitir, entre otras cuestiones, dictar una ley general aplicable en todo el país sobre la mejora regulatoria.
Dicha mejora permitirá detectar una enorme cantidad de trámites duplicados, inútiles, farragosos y enredados en los que millones de mexicanos pierden valiosas horas, días, semanas y hasta meses año tras año. Hay muchas explicaciones que intentan justificar el surgimiento de la moderna burocracia, pero seguramente todas se quedan cortas frente a la horrible e improductiva clase política mexicana, que tiene una imaginación desbordada a la hora de crear tramites y más trámites para hacerles la vida imposible a los ciudadanos.
La reforma constitucional publicada el pasado 5 de febrero ordena que la ley general en la materia regule lo relativo a un catálogo nacional de trámites; de esa forma se podrán identificar las duplicidades y eliminarlas.
Es esencial, en la regulación que se habrá de hacer de la reforma, que se obligue a las autoridades a evitar que los ciudadanos pierdan su tiempo entregando en docenas de ventanillas los mismos papeles. En España una ley de 1992 (¡hace 25 años que fue expedida!) prohíbe que cualquier órgano del Estado le pida a un ciudadano cualquier documento que ya esté en poder de otra dependencia pública; en vez de hacerle perder su tiempo al ciudadano lo que hace el gobierno es comunicarse internamente, ubicar el papel necesario y enviarlo de un organismo a otro. Eso es mil veces más racional que lo que sucede en México, país en el que cuando nace un niño los padres piden 20 copias “originales” de su acta de nacimiento, porque saben que se las van a pedir para todo tipo de trámites a lo largo de la vida del recién nacido.
La misma reforma prevé mejoras también en el tema de los registros civiles, en los que se tendrán que uniformar las actas que expiden, la posibilidad de realizar trámites mediante firma digital, mecanismos homologados de captura de datos, simplificación para rectificaciones de actas, etcétera. Se trata también de un aspecto modernizador, que sin embargo llega con años de retraso.
Es indispensable que el país invierta en seguridad jurídica, la cual inicia y termina en los registros civiles, encargados de expedir las actas de nacimiento y defunción a todo lo largo y ancho del país. Tener registros civiles y mercantiles modernos es un paso indispensable para que México sea un país más ordenado, que cuente con mejores estándares de protección para las personas y las inversiones.
Lo que cuesta a veces entender es que pudiendo hacer tantas cosas para mejorar el país, nos tardemos tanto en llevarlas a cabo y seamos tan indolentes en su efectiva aplicación. Las reformas señaladas son solamente el inicio de un largo camino que debe ser complementado con leyes (el Congreso de la Unión cuenta con apenas 180 días para expedir las leyes que tendrán que darle plena efectividad a los mandatos de la Carta Magna) y políticas públicas que lleven las nuevas disposiciones hasta la realidad.
Con la puesta en práctica de estas y muchas otras reformas que siguen pendientes, México podrá comenzar a salir de la enorme crisis en la que está inmerso. Suman centenares los análisis que señalan que la ruta del país hacia el desarrollo pasa por la condición de contar con bases sólidas en materia de Estado de derecho. Cabría agregar que además es indispensable eliminar trabas burocráticas y dejar a la gente trabajar, en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo fila ante miles de ventanillas gubernamentales que no aportan ni abonan nada a la productividad del país. Hay miles de personas talentosas que en vez de desarrollar su enorme potencial productivo pierden parte de su vida haciendo frente a requerimientos burocráticos del todo inútiles. Eso impide el desarrollo del país y frena las capacidades de su gente.
Todo lo que se haga para abatir la tremenda burocracia que sufrimos cada día merece un aplauso. La reforma publicada el pasado 5 de febrero va en la dirección correcta. Ahora lo que hay que hacer es vigilar que sea aplicada efectivamente. No vaya a ser que se quede como una muestra más de la retórica constitucional que tanto nos gusta, pero que sirve de muy poco para construir un país mejor.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
www.centrocarbonell.mx
