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Una oportuna nota de portada de EL UNIVERSAL y un acucioso seguimiento periodístico nos han permitido enterarnos de la intención de nuestros representantes populares en la Cámara de Diputados de darse un “bono navideño” bastante sustancioso. Da igual si la cantidad alcanza los 750 mil, 500 mil o 150 mil pesos, como se ha venido informando conforme se hacía pública la información. El monto es lo de menos.
Lo que es verdaderamente ofensivo y supone un insulto a la ciudadanía es que los funcionarios públicos se otorguen todo tipo de prebendas con el dinero que los ciudadanos pagamos de impuestos. Daría risa, si no fuera un tema tan grave, la justificación que desde el poder legislativo se ofrece para legitimar lo que no puede ser llamado más que un robo en toda regla. Dicen que “siempre se ha dado ese bono, desde hace al menos 15 años”; que es “producto de la racionalidad en el gasto, lo que permite generar economías a lo largo del año”; que “hay diputados que sí trabajan, por lo que está justificado el pago” y un largo etcétera de ominosas explicaciones.
La clase política mexicana es de las más corruptas del mundo. De eso no hay duda. Y la ciudadanía siente un profundo desprecio por sus legisladores. Lejos de sentirse representado por ellos, el ciudadano promedio ve a sus diputados como verdaderos estafadores, sujetos poco dignos de confianza o de plano personas a las que hay que temer. Desde hace años los legisladores salen en la parte inferior de todas las encuestas de confianza institucional, a la par con la policía y con su alma gemela en la mala imagen entre los ciudadanos: los partidos políticos.
Desde algún partido de “izquierda” se dice que lo correcto es que los legisladores renuncien a su bono navideño o que lo donen a causas nobles. Esa es otra falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos: lo nefasto es la existencia misma del bono, determinado a partir del uso arbitrario de nuestro dinero, no el destino que se le vaya a dar.
En realidad, lo que la investigación de EL UNIVERSAL pone de manifiesto es la enorme discrecionalidad con la que se gasta el presupuesto público. Si algún día se escribiera el anecdotario de los abusos y dispendios presupuestales del Estado mexicano, se llenarían decenas de miles de páginas. Todos los que observamos con cierto detalle la política nacional conocemos decenas de anécdotas sobre la facilidad con que los servidores públicos se gastan el dinero que no se esforzaron en ganar y que serían incapaces de producir si tuvieran que hacerlo desde la iniciativa privada.
El territorio nacional está plagado de puentes sin terminar, hospitales que se quedaron en el cascaron, auditorios o centros culturales que no se utilizan, escuelas que están derruidas, vialidades inútiles, patrocinios de equipos de fútbol, aeropuertos construidos en zonas de recurrente neblina y un largo etcétera. Si el gasto público se ejerciera con rigor y solamente tuviera como destino las obras y servicios de interés general, los impuestos en México podrían bajar a la mitad o menos de lo que hoy suponen.
No cabe duda que el precio que pagamos por soportar a la clase política que nos gobierna es enorme. Causa más daño su corrupción y su ineficacia que un tsunami que nos golpeara cada semana.
La primera línea de defensa frente a tales abusos es una prensa libre y siempre alerta, así como una ciudadanía dispuesta a alzar la voz frente a tantos atropellos. Una luz de esperanza se observa cuando vemos que las redes sociales reproducen a gran velocidad las noticias que documentan el uso de dinero público para fines personales. Basta leer los comentarios que los lectores dejan ante tales noticias para darse cuenta del grado de hartazgo de la ciudadanía respecto a sus políticos. Si en algo les preocupa su imagen y el destino del país, deberían comenzar administrando el dinero público con más cuidado, ya que es un patrimonio creado por el esfuerzo cotidiano de millones de mexicanos. Al menos, que no lo desperdicien en bonos auto-otorgados. Vaya cinismo.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell centrocarbonell.mx
