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Avanza a paso lento en el Congreso de la Unión el trámite de una reforma constitucional que habrá de darle un rostro completamente nuevo a la impartición de justicia laboral. Los juicios laborales, que desde hace décadas han sido un ámbito que le ha dado muchísimo trabajo a los abogados mexicanos, se han incrementado en cantidad de forma notable en los años recientes. La calidad de su resolución, sin embargo, sigue dejando mucho que desear.
Sin contar los llamados “conflictos colectivos”, es decir, considerando solamente los pleitos individuales, los casos que han llegado al conocimiento de las juntas de conciliación y arbitraje han pasado de 125 mil 510 en diciembre de 1994 a 291 mil 548 en diciembre de 2015. Más del doble en un lapso de 21 años.
No cabe duda que estamos ante una nueva realidad laboral y que el modelo de impartición de justicia que actualmente tenemos no sirve ni deja satisfecho a nadie. Es momento de cambiar y hay que hacerlo con profundidad y rapidez.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el Presidente de la República a finales de abril, luego de haber recibido un documento elaborado por expertos del CIDE y de la UNAM en el que sugerían modificaciones en materia de la llamada “justicia cotidiana”.
Lo que se propone es que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje, de modo que la justicia laboral sea impartida —como sucede con el resto de materias— por tribunales, ya sea federales o locales. Los nuevos tribunales laborales se incorporan al poder judicial de la Federación o a los poderes judiciales de los estados; sus integrantes serán nombrados con los mismos criterios y bajo los mismos requisitos que el resto de jueces. Es decir, se termina con lo que muchos habían calificado como la “anomalía” de que los órganos de la justicia laboral no estuvieran dentro de la estructura del poder judicial. Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo lo señalaron desde hace más de 40 años. La historia parece que terminará dándoles la razón.
La misma iniciativa propone crear un organismo descentralizado que se va a encargar de atender audiencias de conciliación entre trabajadores y patrones. En las entidades federativas se llamarán “Centros de Conciliación” y habrá uno a nivel federal, que tendrá además la competencia para el registro de los convenios colectivos de trabajo y de los sindicatos. Su titular será nombrado por el Senado de la República a partir de una terna enviada por el Presidente.
En los meses recientes les he preguntado a docenas de abogados de varias generaciones qué pensaban sobre la propuesta de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Todos han estado de acuerdo con la iniciativa presidencial, sin ninguna excepción. Es conocido el hecho de que el funcionamiento en la práctica de las juntas de conciliación y arbitraje es por demás deficiente. Impera la corrupción y se hacen jugosos negocios entre despachos de abogados y funcionarios públicos. Hasta la ejecución de los llamados “laudos” de las juntas es objeto de todo tipo de triquiñuelas. Y eso sin mencionar la forma mercenaria en que se usa la justicia laboral para beneficio de poderosos políticos, tal como ha sucedido en el estado de Quintana Roo.
Lo cierto es que la iniciativa presidencial llega en buen momento. La economía del país requiere de las inversiones extranjeras. Pero para que lleguen es indispensable construir una justicia laboral que funcione de verdad. Nada asusta más a los inversionistas que saber que pueden ser demandados por los trabajadores y que ese pleito les puede salir carísimo y eternizarse antes de que se llegue a resolver. Quizá en el pasado no fue tan relevante, pero hoy en día contar con una buena justicia laboral es una pieza maestra para el desarrollo del país.
Ojalá los legisladores, siempre tan ocupados en atender solamente los problemas que a ellos les interesan, se den prisa en aprobar esta reforma. Sería una excelente noticia para el presente y el futuro de México.
Investigador del IIJ-UNAM
@Miguelcarbonell
