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En el primer minuto del pasado sábado 18 de junio, arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México. A esa hora, el presidente de la Suprema Corte dio el “malletazo” simbólico mediante el que se inauguraba una de las políticas públicas de cambio jurídico más profundas de las últimas décadas.
En el templete de honor estaban el Presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los gobernadores, varios secretarios de Estado y los presidentes de los tribunales de las entidades federativas. Abajo, conformando un público de dos mil personas, varios de los abogados más destacados del país, que estaban atestiguando un cambio de proporciones históricas.
La cuestión relevante ahora, para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es la misma que hemos estado preguntando desde hace ocho años: ¿ya están preparados los abogados para operar el nuevo sistema? La pregunta viene al caso porque no hacen falta solamente leyes o salas de juicios orales. Lo determinante es que las personas estén capacitadas para hacer de la demanda de justicia una realidad cotidiana.
Así como las redes sociales son implacables con los funcionarios públicos que meten la pata o que malgastan los recursos que son de todos, también deberían serlo con los profesionistas que no se actualizan, que ejercen sin estar preparados o que simplemente estafan a sus clientes. Me temo que será el caso de una parte (esperemos que muy menor) de los profesionales del derecho.
Como suele pasar en México, muchos abogados esperaron al último minuto para comenzar a prepararse para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Las escuelas y facultades de derecho hicieron cambios nominales a sus planes de estudio, pero le siguieron explicando a sus alumnos lo mismo de toda la vida, como si nada hubiera cambiado. Las barras y colegios de abogados prefirieron seguir organizando desayunos y cenas de fin de año, en vez de ponerse las pilas y sembrar todo el país con debates sustantivos sobre la manera en que la justicia penal está funcionando.
El sistema de audiencias orales en el que cualquier ciudadano puede asistir para observar lo que sucede, y en el que todo queda registrado mediante grabación de audio y video, abona en la transparencia y exige una mayor rendición de cuentas de todos los involucrados. Podremos ahora sí saber si los ministerios públicos hicieron su tarea, si el juez está o no poniendo atención, si los abogados defensores en efecto se prepararon para el caso que están atendiendo.
En algunas entidades federativas, los litigantes particulares vieron cómo les llegaba su particular tsunami profesional, ya que los defensores de oficio les arrebataron en muy poco tiempo los asuntos. Se quedaron sin trabajo debido a que no se actualizaron y quisieron seguir cobrando honorarios profesionales que no se correspondían con su desempeño en las audiencias. Con el nuevo sistema ya funcionando en todo el territorio nacional, corren el mismo riesgo mis colegas penalistas: pueden quedarse sin trabajo muy pronto, si no se actualizan y aprenden a tener un buen desempeño bajo las nuevas reglas procesales.
Lo que está pasando en materia penal es simplemente un aviso de lo que puede pasar también en otros temas, pues ya se han propuesto profundos cambios en materia del procedimiento laboral, así como en materia civil y familiar. Si las iniciativas que ya están presentadas se aprueban (esperemos que los legisladores despierten de su manifiesta flojera permanente y decidan algún día desquitar su salario en beneficio de la ciudadanía y no solamente de sus partidos), estaremos ante un nuevo paradigma jurídico que va a afectar a muchas materias y temas. Ojalá los abogados sean, en ese nuevo escenario, factores de cambio y no de resistencia. Necesitamos en México abogados más preparados y dispuestos a ser excelentes. No lo olviden, estimados colegas.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
