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Hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto presentó una batería impresionante de iniciativas de reforma constitucional, reforma legal y un decreto del Poder Ejecutivo que, en su conjunto, constituyen una de las propuestas más ambiciosas de cambio jurídico de los últimos tiempos.
El Presidente estuvo asesorado por un equipo amplio de abogados, bajo el liderazgo de dos de los mejores juristas que tiene nuestro país: Sergio López Ayllón, director general del CIDE, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La visión modernizadora de López Ayllón y de Salazar Ugarte se nota en todos los documentos, cuyo objetivo final es situar a México ante un escenario de mayor equidad en el acceso a la justicia y de un sistema judicial mucho más eficiente. Ambos objetivos son ampliamente compartidos por la mayoría de juristas del país, por lo que sería deseable el apoyo de las barras y colegios de abogados hacia los textos propuestos.
¿Qué es lo más importante que contienen los documentos presentados por el Presidente? En primer lugar se propone un cambio de fondo a la justicia laboral: se termina esa verdadera ficción jurídica de las llamadas “Juntas de Conciliación y Arbitraje” para dar paso a verdaderos tribunales laborales, integrados orgánicamente a los poderes judiciales locales y federal. Cabe recordar que se trata de una propuesta que hicieron Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo desde los años 70 del siglo pasado. Qué bueno que se va a dar ese paso, en beneficio de una mejor justicia laboral para trabajadores y patrones.
El Presidente también propone ampliar los juicios orales en materia mercantil, que desde 2013 se están aplicando en todo el país. Hasta ahora dichos juicios se podían desahogar en asuntos de “menor cuantía”; el Presidente propone, acertadamente, que se tramiten como juicios orales todos los asuntos ordinarios mercantiles (no los que se tramiten por vía “ejecutiva”, ya que en esos casos la naturaleza del juicio es diferente).
También se busca avanzar hacia un código único, aplicable en toda la República, en materia de procedimientos civiles y familiares. Se trata, en este caso, de seguir la experiencia favorable que se ha tenido con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha venido a arreglar muchos problemas en el procedimiento penal mexicano. La unificación de la legislación del procedimiento civil y familiar será un paso enorme, en la dirección correcta, para tener una mayor uniformidad en la impartición de justicia. También se van a beneficiar de esa reforma los estudiantes de derecho, para quienes será más fácil acceder a los textos legislativos y sus reformas, así como a los libros con lo que se podrán estudiar —por igual en todo el país— las materias de procedimiento civil y familiar.
El Presidente también propone modernizar los registros públicos de la propiedad y el comercio, así como los registros civiles. Algo que hoy es una verdadera pesadilla para miles de mexicanos, como es sacar una copia del acta de nacimiento, se podrá hacer desde cualquier rincón del país. La modernización de ese tipo de trámites ahorrará tiempo y dinero a las familias mexicanas.
También hay propuestas para universalizar el uso de la justicia alternativa, para crear un sistema nacional de impartición de justicia, para crear juzgados itinerantes y una justicia “de barandilla” mucho más eficaz, para darle fuerza a la mejora regulatoria, entre otras cuestiones.
Cada uno de esos temas merece un estudio muy detallado y habrá que leer con atención cada aspecto de las correspondientes propuestas. Pero en conjunto se trata de algo muy parecido, sin exagerar, a una verdadera revolución jurídica. Ojalá que los legisladores se decidan a estudiar con prontitud los documentos y los puedan aprobar a la brevedad. México merece un sistema de justicia mucho más moderno y eficiente. La iniciativa del Presidente creo que va en la ruta correcta para lograrlo.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
