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No alcanzan las palabras para explicar el dolor de una persona que sufra la muerte de un hijo. Ni siquiera el diccionario nos proporciona forma alguna de nombrar a ese ser doliente, a diferencia de las definiciones que hay para quienes quedan viudos o huérfanos.
Admiro a Nelson Vargas desde mucho antes de que sufriera el secuestro y vil asesinato de su hermosa hija Silvia. Vargas ha sido un triunfador en todo lo que ha hecho siempre: como atleta, como empresario, como funcionario público y hasta como articulista de EL UNIVERSAL.
Pero creo que se equivoca profundamente al denostar de forma imprecisa e indebida al “debido proceso legal” en su artículo El maldito proceso legal, publicado el pasado sábado en estas mismas páginas.
Es posible que la puesta en libertad de una persona que fue sentenciada a 34 años de prisión por hechos de secuestro haya sido indebida; es posible que el magistrado responsable haya dictado una resolución no apegada a derecho. No lo sé. Pero sí sé que las exigencias que el debido proceso suministra para que las autoridades puedan afectar la libertad de una persona son demasiado importantes como para minusvalorarlas y maldecirlas. Si hubo una actuación indebida de un juzgador habría que enmendarla promoviendo los recursos jurídicos previstos por la ley, no echando por la borda más de 25 siglos de civilización jurídica.
Comprendo el dolor al ver libre a uno de los plagiarios de su hija. Pero la respuesta frente a ese dolor nunca puede ser hacia el relajamiento de las exigencias legales para encarcelar o mantener encarcelada a una persona.
Lejos de lo que defienden algunos, las exigencias del debido proceso legal no son meros adornos, ni ocurrencias de los abogados o de los jueces. Son el mínimo indispensable para que podamos llegar a indagar la verdad de lo sucedido en algún caso concreto.
Imaginemos que quitamos la prohibición de torturar. Mediante el suplicio una persona podría “confesar” que es responsable de haber cometido un delito. Cualquiera lo haría si nos asfixian, nos dan toques en los genitales, nos meten agua por la nariz o nos apuntan a la cabeza con un rifle. ¿Pero eso nos lleva a saber la verdad de lo ocurrido? Desde luego que no. Nadie gana nunca con la legalización de la tortura.
¿Qué sucede, don Nelson, con todos aquellos jóvenes que están en nuestras cárceles por haber sido acusados falsamente? ¿Tampoco ellos merecen un debido proceso legal? ¿Sabe usted que entre enero de 2010 y enero de 2016 murieron asesinados 242 internos en el reclusorio norte y 232 en el reclusorio oriente de la Ciudad de México? Nunca he escuchado a ninguna ONG de esas que dicen proteger a las víctimas, que hayan alzado la voz por esas personas muertas. ¿O acaso sus vidas valen menos que las de otras personas? ¿Acaso esos presos sin defensa no tenían familia, no tenían padres que los lloran? ¿No merecen que nadie alce la voz por ellos?
No hay vidas de primera y vidas de segunda. Comprendo que se sienta apoyado (así lo dice en su artículo) por Isabel Miranda de Wallace. Es la misma persona que ha defendido la imposición de la pena de muerte. ¿Cómo se combina el ataque al debido proceso legal con la exigencia de que maten a secuestradores o violadores? Usted, don Nelson, que ha sido testigo de los problemas de nuestro Estado de derecho, ¿avalaría que las autoridades maten a una persona, para demostrar que es malo matar, secuestrar, violar? ¿Con esos mismos ministerios públicos y esos jueces que a veces (demasiadas veces) se equivocan o que aceptan dinero por hacer o dejar de hacer su trabajo? ¿Les damos a ellos el poder de mandar matar a una persona?
Don Nelson: el debido proceso legal nos protege a todos. Es una garantía frente a los abusos del poder. Negarlo es una invitación abierta para asomarnos al abismo de la ley de la selva. En ello no puedo, nunca podré, estar a su lado. Le ruego me disculpe.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
