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Es comprensible el enfado, el enojo, la rabia y la impotencia que muchas personas sienten por la impunidad de las élites en México. Tener dinero o conexiones políticas se ha convertido en la ruta más corta para poder robar, asaltar, corromperse o violar cualquier ley sin que pase absolutamente nada.
Las autoridades son implacables con quienes pueden serlo: los más débiles, los más desprotegidos, los más pobres. Pero se muestran sumisas y negligentes con quienes tienen poder político, poder económico o poder mediático.
Ante ese escenario, la peor reacción posible es prescindir de las exigencias y controles propios de un Estado de derecho. Lo digo porque en el caso de un grupo de jóvenes del estado de Veracruz (a quienes se les ha identificado como Los Porkys de Costa de Oro) las redes sociales se han incendiado y ya los han investigado, procesado y condenado. Se trata de un linchamiento tecnológico que ha llegado a extremos incomprensibles. Quienes claman por la aplicación de la justicia se pasan por el arco del triunfo la presunción de inocencia; quienes piden actuar a las autoridades, no reparan en que una “confesión” rendida en video filmado de forma privada no tiene valor probatorio en un juicio (salvo como mero indicio, si acaso). Quienes se escandalizan por la falta de Estado de derecho se toman la justicia en sus manos, exhiben no solamente a los presuntos responsables, sino también a sus padres, a sus tíos, a sus empresas, sus teléfonos particulares, etcétera.
Varios analistas han caído en la trampa y se han apresurado a juzgar y sentenciar, cuando ni siquiera se ha terminado de investigar, ni se sabe qué pruebas existen para acreditar el hecho delictivo y la presunta responsabilidad. Como abogado, me toca jugar la parte difícil y recordar lo que nadie quiere recordar: las únicas instancias que pueden determinar una responsabilidad penal son los jueces. No los medios de comunicación, no las redes sociales, no los tuiteros: los jueces solamente. Mientras eso no suceda, toda persona debe ser presumida inocente. Para poder llegar a una sentencia condenatoria debe demostrarse la responsabilidad de los indiciados más allá de toda duda razonable (así lo exige el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que haríamos bien en publicar en Facebook de vez en cuando).
No dudo que la investigación a cargo de las autoridades ministeriales en Veracruz haya avanzado con lentitud y que tal vez haya estado influida por el peso social o económico de las familias involucradas. Se trata de una entidad federativa que está muy cerca de convertirse en un “estado fallido” en casi todo lo que hace y la procuración de justicia no es la excepción.
Pero las víctimas y sus representantes tienen abierta la vía para impugnar omisiones de la fiscalía local ante el Poder Judicial de la Federación mediante el amparo. La crítica que muchos de nosotros hemos hecho a las autoridades por intentar ganar en los medios de comunicación lo que son incapaces de probar ante los tribunales también se aplica a los particulares: llevemos los casos ante los jueces, no ante tribunas mediáticas. No sirve de nada hacer un escándalo en redes sociales si de ahí no deriva una efectiva imposición de sanciones.
Si esos jovencitos en efecto violaron a una menor de edad, merecen que les caiga encima todo el peso del Estado de derecho y que se les impongan las sanciones penales previstas por la ley. Si los hechos que se les imputan se pueden probar en juicio, seré el primero en aplaudir de pie cuando se haya dictado una sentencia condenatoria con carácter definitivo. Cualquier hecho de violencia de género merece ser denunciado y castigado, sobre todo si se trata de una ofensa de tan extrema gravedad como lo es una violación.
Pero hasta que eso no suceda, guardemos el decoro, la sensatez, la responsabilidad en lo que escribimos u opinamos. ¿Qué pasará si un juez no encuentra elementos para condenar a esos jóvenes? ¿Qué pruebas se van a ofrecer en el probable juicio que se instruya en su contra?
Los linchamientos mediáticos muestran un lado más bien oscuro de nuestro debate público. Clamemos por el Estado de derecho, no por la justicia salvaje de las redes sociales.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
