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En México defender derechos humanos parece ser una tarea cada vez más riesgosa. A los peligros tradicionales de dicha tarea se suma ahora la desaprobación social de algunas organizaciones o personas como Isabel Miranda de Wallace, quien, en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, descalificó lo mismo a relatores de la ONU que a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que estaban trabajando para conseguir indemnizaciones económicas a favor de secuestradores que habían sido torturados por funcionarios públicos.
Ya Ricardo Raphael en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL se encargó ayer de poner en tela de juicio lo afirmado por Miranda de Wallace sobre los supuestos secuestradores. Aunque a muchas personas no les guste, hay que recordar que a toda persona le asiste la “presunción de inocencia” (Artículo 20 constitucional), de modo que solamente se le puede tener como responsable de haber cometido un delito cuando exista una sentencia judicial que así lo declare. No antes y no, desde luego, a través de conferencias de prensa o entrevistas en los medios.
Respetar el debido proceso legal de toda persona, con independencia de los delitos que pudiera haber cometido, es un avance civilizatorio que deberíamos todos valorar y contribuir a cuidar. Si no hay debido proceso legal y permitimos abusos de las autoridades contra personas que están detenidas o sujetas a investigación, se evapora la más mínima posibilidad de saber qué sucedió en un caso concreto.
Si no nos oponemos de manera clara y total a la tortura, la línea que separa a las autoridades de los delincuentes se desvanece. Una autoridad que tortura es una expresión más de la delincuencia. Frente a ello no debería haber la más mínima duda: hay que investigar esas torturas, sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Cuando desde organizaciones de la sociedad civil se desacredita la tarea de personajes como Juan Méndez, José Antonio Guevara o Karla Quintana Osuna, se está cometiendo una grave injusticia. Se trata de personas, reconocidas dentro y fuera de México, que han puesto su tiempo, su talento y su esfuerzo al servicio de la causa de los derechos humanos de todos. Porque eso es lo que caracteriza a los derechos humanos: su universalidad, es decir, que sean derechos de todas las personas.
Quienes han sido víctimas del abuso del poder tienen derecho a un abogado que los defienda y tienen derecho a una reparación integral por el daño que les fue causado. Eso es algo que no se le puede regatear a nadie, le guste o no a doña Isabel Miranda. Lo dice la Constitución mexicana, lo dicen los tratados internacionales y lo apoya el más elemental sentido de la justicia. No le podemos decir solamente “usted disculpe” a una persona que ha sido torturada por la policía o por el Ejército.
Si algo debería preocupar a las organizaciones que dicen defender a las víctimas es lo lentos que son los trámites para cobrar las indemnizaciones y el poco impacto (casi nulo) que han tenido organismos públicos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que solamente ha logrado indemnizar a 114 personas en sus dos años de existencia, a pesar de que datos del Inegi refieren la existencia de millones de víctimas de la delincuencia o del abuso de poder cada año en México.
Los defensores de derechos humanos deberían ser considerados héroes dentro de nuestra trágica realidad nacional, y no villanos. Hace falta ser muy valiente en México para denunciar torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los demás delitos que se han cometido y se siguen cometiendo por parte de las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales. Lejos de merecer una crítica o descalificación, los defensores de derechos humanos merecen el más entusiasta aplauso. Ojalá hubiera muchos como ellos.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
