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Faltan exactamente 109 días para que en todo el país esté funcionando un nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y en una comprensión radicalmente diferente de la forma en que se debe impartir justicia en México.
El primer minuto del día 19 de junio culmina el largo proceso de reforma a la justicia penal que se inició ocho años antes y que es una de las apuestas más importantes en la historia del sistema jurídico mexicano.
Pero mucho me temo que, pese al tiempo transcurrido, la fecha de junio tome tanto a las autoridades como a los abogados sin estar preparados. Han sido cuantiosos los recursos que se han invertido en capacitación, pero los rezagos son inmensos. Todavía en el mes de enero de este año, el encargado de la implementación del nuevo sistema en la PGR, Rommel Romero, reconocía que la dependencia había ignorado la reforma penal durante siete años. Y tiene mucha razón. Pero lo mismo pasó con la policía federal, con las policías estatales y municipales, con las defensorías públicas de varias entidades federativas, etcétera. Incluso en el propio Poder Judicial federal la falta de compromiso con el tema fue notable: si por ellos fuera ninguna reforma al procedimiento penal se hubiera puesto en práctica jamás; han vivido durante décadas en una zona de confort de la que no quieren salir.
Ahora bien, no es que entre los abogados la situación sea más promisoria. Durante los primeros años de la reforma muchos penalistas decían que no valía la pena actualizarse ya que pronto habría una contrarreforma y se iba a dejar atrás la “moda” de los juicios orales. Una actitud parecida tuvieron y siguen teniendo muchos colegios de abogados. La realidad se ha encargado de desmentirlos, pero mientras tanto han sido muchos profesionales del derecho los que han perdido la oportunidad de prepararse para un cambio que no es de forma, sino que afecta de manera profunda la manera en la que trabajan los abogados.
Otro problema grave que habrá que atender con urgencia es lo relativo a la formación de los estudiantes de derecho. En algunas facultades de derecho se han construido aulas de juicios orales y los alumnos participan en concursos de simulación para perder el “miedo escénico”, pero falta mucho por avanzar. Los profesores suelen resistirse al cambio, tanto en las universidades públicas como en las privadas.
A la vista de todo lo anterior, corremos un riesgo nada teórico de que los primeros pasos del nuevo sistema no produzcan los resultados deseables. Ya se está viendo en algunas entidades federativas, en las que los ministerios públicos son incapaces de presentar oralmente sus teorías del caso y (violando de manera clamorosa la ley) se ponen a leer durante largo rato sus escritos. Es una oralidad simulada, no real.
En pocas palabras, hay que volver a alertar sobre el tsunami que le está llegando a la profesión jurídica. La puesta en marcha del nuevo procedimiento penal es uno de los muchos cambios que están en proceso de implementación. Lo mismo cabe decir sobre los juicios en línea en materia fiscal, la oralidad en materia familiar, el impacto del control de convencionalidad, los nuevos litigios en materia medioambiental, las cuestiones derivadas de la reforma energética, las nuevas reglas en materia de amparo, la regulación que está a punto de dictarse sobre justicia para adolescentes y un largo etcétera.
Hoy en día es mucho más difícil ser abogado que hace unos años. Se requieren nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y competencias, para las que las escuelas y facultades de derecho no siempre ofrecen una buena preparación. Ojalá entre todos podamos ayudar a recordarlo día tras día. Hace mucha falta.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
