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De la detención de Humberto Moreira en el aeropuerto de Madrid hay mucho por comentar. Comencemos por los aspectos formales, que no son los menos importantes.
La policía difundió un tweet en el que informaba del asunto. Pero no hubo (a diferencia de lo que se estila en México), filtraciones del video del operativo de la detención, no hubo rueda de prensa del jefe de la policía intentando ponerse una medalla ante los medios, no hubo exhibición en la TV de Moreira esposado o de cuando ingresaba en prisión. Es decir, se aplicó el derecho en vez de hacer un show mediático como se acostumbra en México pese a que la ley dice que está prohibida la presentación de personas detenidas ante los medios de comunicación.
Luego lo de fondo: una detención no significa que el detenido sea culpable de nada. Aunque en México no la tomemos en serio, en otros países se respeta la llamada “presunción de inocencia”, la cual solamente puede ser derrotada cuando exista una sentencia de un juez que diga que una persona en efecto es responsable de haber cometido un delito. Por lo pronto sabemos que hay 4 cargos en contra de Moreira (uno de ellos es lavado de dinero), a partir de los cuales se instruirá una investigación; conforme avance el proceso veremos si se acredita o no la responsabilidad penal del ex gobernador. Los jueces de la Audiencia Nacional de España son conocidos por haber instruido los casos más complejos y difíciles de los años recientes (casos de terrorismo, financieros, de responsabilidad penal de funcionarios públicos, etcétera); no les temblará la mano para investigar a fondo al político mexicano.
Para terminar, la vergüenza nacional. Como abogado y como ciudadano mexicano me causa pena que en otros países se tomen medidas que tendrían que ser tomadas en México. Tiene razón Juan Pardiñas cuando dice que, en realidad, en México el combate a la corrupción no nos importa nada, ya que no tenemos ni leyes ni instituciones ni un debate público efectivos para investigarla y combatirla.
Hubo, en efecto, una reciente reforma constitucional anticorrupción. Pero nadie parece tener prisa para emitir las leyes reglamentarias y empezar a crear las fiscalías anticorrupción que comiencen a indagar sobre hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Los ejemplos sobran: desde ex gobernadores que se robaron incluso las cortinas de sus despachos hasta presidentes municipales que se hicieron construir mansiones con cargo al erario público, pasando por una larga lista de contratos arreglados, licitaciones amañadas, empresas fantasmas, especulación con fondos públicos, etcétera.
Mientras sigamos así y mientras no haya una exigencia real de la ciudadanía hacia la clase gobernante será difícil que avancen procesos en México como el que está iniciando en España. Ojalá podamos abrir los ojos y darnos cuenta de lo mucho que nos hace falta transformar y de lo que tenemos que hacer mejor en materia de combate a la corrupción gubernamental.
La mayoría de mexicanos deseamos que, para los propios mexicanos, se haga justicia en nuestro país y no en el extranjero, con las debidas excepciones de los casos en que haya que extraditar a un connacional para que sea juzgado por ejemplo en Estados Unidos (que es lo que debería pasar en el caso del Chapo, como lo han sostenido varios analistas). Pero mientras no hagamos justicia en casa, tendremos que seguir viendo —con profunda pena— cómo se hace en otros países.
Investigador del IIJ-UNAM
www.centrocarbonell.com
