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No hay plazo que no se cumpla. Cuando en 2008 se reformó la Constitución para incorporar un cambio de fondo al procedimiento penal y se dispuso de un horizonte de ocho años para su implementación, muchos se quejaron diciendo que era demasiado tiempo. Pues bien, el tiempo se acabó.
El 18 de junio de 2016 en todo el país tendrá que estar funcionando el nuevo sistema penal, con juicios orales, con nuevas reglas para la obtención y desahogo de pruebas, con mayores exigencias para la policía y el Ministerio Público, y con enormes desafíos para los abogados.
Se trata de una de las reformas más ambiciosas de los años recientes a nuestro sistema jurídico. Su origen lo encontramos en el profundo fracaso del sistema penal mexicano: 93% de los delitos ni siquiera son denunciados; de las denuncias que llegan al Ministerio Público, en la mitad de los casos no se hace nada luego de recibirlas; la investigación de los delitos se basa con frecuencia en pruebas prefabricadas o en testigos aleccionados; los jueces no están en las audiencias; las cárceles están controladas por grupos mafiosos y su funcionamiento cotidiano se basa en la corrupción. Todo eso es lo que propicia que se busque un profundo cambio a nuestra justicia penal. 2016 es la fecha.
El problema es que, pese a que ya pasaron más de siete años, vamos a llegar al plazo constitucionalmente establecido sin haber hecho la tarea, pues siguen existiendo enormes debilidades institucionales en materia penal. La más grande sin duda alguna tiene que ver con la policía, puesto que muchos de sus elementos no han sido capacitados para asegurar debidamente la escena de los hechos y recabar indicios que puedan ser útiles como material probatorio dentro de un procedimiento penal.
La alta rotación policiaca, la falta de equipo técnico-científico, los bajos sueldos y la ausencia de incentivos para la profesionalización son obstáculos que han ido retrasando la formación de cuerpos policiacos de élite que estén listos para el nuevo procedimiento.
Esto es fundamental ya que no se trata sólo de detener a los presuntos responsables de haber cometido un delito, sino que hay que llevarlos ante un juez y aportar los elementos para que puedan dictarles una sentencia condenatoria. Todo arranca desde el momento en que la policía llega a la escena de los hechos. Si en ese momento los elementos policiacos no saben qué deben hacer, es probable que se pierdan pruebas y la escena sea contaminada por ellos mismos.
Otro problema que debe ser atendido para que funcione la reforma penal tiene que ver con la investigación de los delitos. Esto le incumbe sobre todo al Ministerio Público, que es una institución que necesita ser fortalecida en sus capacidades institucionales. Sobre todo en algunas entidades federativas, la institución encargada de investigar los delitos ha sido claramente rebasada por la falta de preparación de sus integrantes, las enormes cargas de trabajo que deben soportar, la corrupción que tanto se ha infiltrado en el trámite de las “carpetas de investigación” y otros factores que auguran sombras sobre el nuevo procedimiento penal.
Finalmente, el tercer factor que se debe atender con urgencia es el que ya se mencionaba: las cárceles. Lo que hoy tenemos en materia penitenciaria no funciona. No se trata solamente del fracaso del modelo de “máxima seguridad”, desafiado por la fuga del Chapo Guzmán, sino del funcionamiento cotidiano de nuestras más de 350 cárceles a nivel nacional. Tan no funciona el sistema carcelario que uno de cada tres internos volverá a delinquir una vez que cumplan su sanción.
Los retos son muchos y el tiempo apremia, pero la atención de la comunidad jurídica en 2016 estará enfocada en el nuevo procedimiento penal. Nos conviene a todos que su puesta en funcionamiento sea exitosa.
Investigador del IIJ-UNAM y Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC
