La fuga de El Chapo Guzmán del Centro de Máxima Seguridad de Almoloya (que es considerado como “la joya de la corona” del sistema penitenciario mexicano) pone en evidencia no solamente la enorme corrupción y la alta vulnerabilidad de nuestras autoridades, sino también el estado de descomposición del sistema penitenciario en su conjunto.
Si un reo tan relevante como El Chapo puede fugarse de la cárcel supuestamente más segura del país, nos deberíamos de preguntar ¿qué está pasando en las demás y con qué medidas de seguridad cuentan para evitar la fuga de sus internos? En México hay más de 430 cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional. Las hay federales, estatales y municipales. Algunas albergan unos pocos reos y otras rebasan las cifra de los 10 mil internos (es el caso de varias del Distrito Federal, por ejemplo).
En varios informes presentados por la CNDH desde hace años, se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias: al menos en 30% de ellas rige en los hechos el llamado “autogobierno” de los internos, lo cual en términos prácticos significa que son los propios presos los que mandan.
En las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva clasificación de los reos, razón por la cual conviven violadores con asaltantes, asesinos con defraudadores fiscales, secuestradores con roba-coches y así por el estilo. Eso genera una peligrosa “contaminación” en su convivencia cotidiana y dificulta enormemente el trabajo para lograr la reinserción social de los internos (la cual es una enorme utopía, pero vale la pena recordar que está ordenada como el fin principal de la prisión por el artículo 18 constitucional).
La situación de los internos es dramática. No todos tienen en su celda una televisión y un iPad como al parecer los tenía El Chapo. Las carencias de todo tipo parecen ser la regla general. De acuerdo con una encuesta del CIDE (levantada en el Estado de México y el Distrito Federal), 30% de los internos en el Distrito Federal y 19% de los internos en el Estado de México señalaron que ni siquiera disponen de suficiente agua para beber; 67% en el DF y 58% en el Estado de México consideran que los alimentos que reciben son insuficientes; 35% en el DF señaló que no reciben atención médica cuando la requieren.
En el DF menos de 4% de los internos recibieron bienes tan elementales como sábanas, cobijas, ropa o zapatos por parte de las autoridades (las familias aparecen como los grandes proveedores en el sistema penitenciario). El 98% de los internos señaló que no recibió de la institución papel higiénico, pasta dental o jabón. Nos podemos perfectamente imaginar las condiciones de salubridad que imperan a la luz de dichas restricciones.
Cada persona presa nos cuesta a los contribuyentes 160 pesos diarios en promedio. ¿Qué es lo que logramos con esa cuantiosa inversión? (considerando que hay casi 250 mil presos en México). ¿Acaso las cárceles están logrando su función? ¿Tenemos la seguridad de que los internos van a ser tratados con respeto y no se van a fugar?
No se trata solamente de agarrar de nuevo al Chapo, sino de revisar a fondo un modelo carcelario que está profundamente quebrado. Lo malo es que los políticos y también los ciudadanos no quieren saber nada de las cárceles, hasta que ocurre una desgracia o se fuga un reo muy conocido. Durante años hemos mirado hacia otro lado. Las consecuencias nos explotaron y nos seguirán explotando en la cara si no hacemos algo de inmediato. Sobre advertencia no hay engaño.
Investigador del IIJ-UNAM.
@MiguelCarbonell
