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Supongo que llegaron cargados de los compromisos que les permitieron ganar los votos suficientes para representar al pueblo de México en la Cámara de Diputados y asumo que, por esa razón, en la primera oportunidad que tuvieron quisieron honrarlos, repartiendo dinero. Y si bien actuaron con más pudor que sus antecesores, al final hicieron lo mismo: añadir partidas caprichosas al presupuesto de egresos para mostrar músculo y quedar bien con sus clientelas locales.
Los analistas más cínicos aseguran que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación le salió barata al gobierno: 20 millones de pesos por diputado, destinados a la bolsa del eufemismo, felizmente llamada: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Juran que ya no habrá moches tras el reparto y que esos recursos no sólo se asignarán hasta que existan proyectos ejecutivos evaluables por la Secretaría de Hacienda y la ASF, sino que además se manejarán con estrictas reglas de operación, total transparencia y la más rigurosa rendición de cuentas: los conceptos de moda.
Sin embargo, la cosa ya comenzó mal. Salta a la vista que el reparto no respondió a ningún criterio demográfico o redistributivo que se sostenga en dos pies. Ya habrá tiempo para hacer el análisis pormenorizado de ese fondo (y del resto de los dineros asignados al gusto de los nuevos legisladores) para saber hasta qué punto se aparta de las necesidades comparadas entre regiones, zonas depauperadas y grupos vulnerables y hasta qué punto contribuirá —como muchos otros programas presupuestarios de la Federación— a hacer más desigual al país. Pero de momento ya sabemos que la única transparencia verificable hasta ahora estuvo en el lobby de las clientelas.
Tampoco es verdad que estemos a salvo de moches. De hecho, la sola asignación de recursos públicos sin más criterios que los de la cercanía política, la capacidad de presionar diputados o el pago de favores electorales ya es, de suyo, una variante del moche: el moche político. Empero, en estricto rigor constitucional, el dinero público jamás tendría que ser asignado por ninguna de esas razones y menos aún cuando la pobreza y la desigualdad social del país reclaman toda la conciencia y la acción del Estado en su conjunto.
Pero además, sucede que los mayores abismos de rendición de cuentas están en los gobiernos locales; y como el dinero es fungible —es decir, se puede mezclar para distintos propósitos— no existe ninguna garantía de que los gobernantes que consiguieron “bajar recursos” no devuelvan el favor a sus legisladores amigos por vías diferentes. Ni tampoco es razonable asegurar que bastará la revisión de la ASF a ese fondo en particular, pues hasta que no se emitan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, esa oficina no tendrá facultades para revisar el uso de todas las participaciones fiscales de la Federación. O sea, que al menos durante 2016 el barco de las finanzas públicas nacionales seguirá teniendo agujeros por todas partes.
Sin embargo, lo más grave es la falta de conciencia de los legisladores de la Cámara Baja sobre el momento que está viviendo el país. El reparto injusto y prepotente de los dineros públicos ocupa un lugar principal entre las muchas razones que han lastrado la confianza en las instituciones políticas. Y aunque se busquen mil argumentos para disfrazar el contenido sustantivo de la decisión que tomaron, lo cierto es que se trata de una renuncia a la función principal de nuestros representantes populares en esa materia: la de cuidar que la asignación de todo el presupuesto responda hasta el último centavo a las verdaderas necesidades de México, con argumentos económicos y sociales inapelables y no, como hicieron, nomás repartir las sobritas políticas.
Investigador del CIDE
