Más Información
Durante su participación en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre la política de drogas, el pasado 19 de abril, Enrique Peña Nieto reconoció que “el esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo” y se propuso atender el tema de las drogas desde una perspectiva de los derechos humanos. El consumo, señaló, debe tratarse como un problema de salud pública y planteó asegurar el acceso a sustancias controladas con fines médicos y científicos, particularmente la marihuana.
A su regreso, y al parecer elaborada durante el viaje, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Durante su presentación señaló que dejará de criminalizarse el consumo personal de la marihuana, con la elevación de su portación permitida a 28 gramos, y la autorización para fines de investigación clínica y de medicamentos fabricados a base de marihuana y/o sus ingredientes activos, así como el registro de éstos y su importación.
Sin embargo, al revisar detenidamente dicha iniciativa, no corresponde con lo anunciado, incluso ni si quiera la argumentación de la exposición de motivos corresponde al articulado que está muy lejos de cumplir con los objetivos planteados. Por eso, no parece una iniciativa resultado de extensos foros de discusión que realizó el Ejecutivo o los del Legislativo, sino una iniciativa elaborada de último momento, supongo que para tratar de “quedar bien” con lo dicho ante la comunidad internacional. Lo patético es que también para quedar bien el Legislativo se apresta a aprobarla sin mayor discusión antes de que termine el periodo el 30 de abril.
La iniciativa marihuana presentada por Peña Nieto no modifica nada de lo relacionado con el uso médico y científico de la cannabis, que ya estaba regularizado en el artículo 235 de la Ley General de Salud. El problema que se llevó a la SCJN es que para ello requiere la autorización de la Secretaría de Salud, quien a través de Cofepris se ha negado a hacerlo, incluso en casos de gravedad como el de Grace, la niña que requiere dichos medicamentos para tratar la enfermedad que le afecta.
Así que en esta iniciativa no se encuentra nada respecto a la promoción de la investigación científica y médica de la cannabis, ni se define cómo y dónde se llevaran a cabo la siembra, cultivo, fabricación de derivados médicos de cannabis.
Por otra parte, al modificar el umbral de portabilidad de marihuana de 5 a 28 gramos, y modificar la inacción penal establecida en el Código Penal por el de no considerar delito consumir o portar hasta esa cantidad de cannabis, es con lo que Peña Nieto dice que se dejará de criminalizar el consumo de la marihuana. Sin embargo, aquí una de los grandes interrogantes es si esta mera modificación tendría el efecto deseado en las organizaciones policiales a quienes no les importa si traes 5 o 28 gramos, cuando se trata de inculpar a una persona consumidora a la que se le pretende extorsionar.
Otro de los grandes defectos de esta iniciativa, el más grave, es que no se menciona ninguna medida respecto a los mercados y cómo se garantizará el acceso seguro a esos 28 gramos para consumo personal, y en general para la investigación y fabricación de derivados médicos. Por ello insisto en las preguntas que hice desde mis redes sociales, quién producirá la marihuana con fines medicinales, y quién surtirá a los consumidores hasta los 28 gramos permitidos… Mucho me temo que de continuar con esta reforma al vapor se pueden generar más problemas de los que se pretenden solucionar.
Senadora ciudadana
