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Disiento de quienes prefieren
no hacer nada y mantener a los
mexicanos en estado de sobrevivientes.
Carlos Castillo Peraza
Entre los lastres más pesados que las siete décadas de PRI-Gobierno nos han dejado a los mexicanos y que han entorpecido el progreso de la Nación, resaltan tanto la inoperancia de nuestro Estado de Derecho, como la debilidad generalizada de las instituciones en que se desenvuelve la vida pública del país.
Sin duda, el gobierno federal en este sexenio ha contribuido contundentemente a la percepción de que las instituciones simplemente no funcionan. El fracaso de los institutos gubernamentales para generar credibilidad y confianza en la gente, se ha disparado, producto de los incontables escándalos y la manifiesta ineptitud del equipo peñista para afrontar la crítica situación que vivimos en México.
Según la más reciente encuesta de confianza en instituciones, hecha por Consulta Mitofsky, los ciudadanos otorgan una calificación reprobatoria en confianza a la presidencia de Peña Nieto, con apenas 5.7 puntos. Se trata de una evaluación que revela que el desempeño peñista no sólo ha dañado la institución gubernamental, también la imagen del PRI ha resentido profundamente los fracasos gubernamentales tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
En pocas palabras, la sociedad no cree en lo que dicen o hacen los funcionarios de este gobierno, y mucho menos se fía de su honestidad, o capacidad para afrontar los problemas sociales e impulsar un verdadero desarrollo. Todos hemos sido testigos de decisiones erráticas y evidencias contundentes de corrupción, y a partir de ello es muy entendible la desconfianza de los ciudadanos a sus gobernantes.
De las 17 instituciones consideradas en la encuesta, 11 obtuvieron calificación aprobatoria, siendo las universidades las mejor evaluadas, con 7.3 puntos; la Iglesia con 7.1; y el Ejército con 7.0. En el sondeo, por lo general las entidades no gubernamentales resultaron bien calificadas.
La suspicacia ciudadana es especialmente fuerte hacia el sistema de justicia. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicado este año, 90.3% de las personas considera no confiables a los órganos de justicia a nivel federal.
Esta cifra aumenta al 92% cuando se trata de autoridades a nivel estatal y municipal. También, dicho documento señala que más del 50% de las personas teme que las organizaciones delincuenciales tengan injerencia en el ejercicio del poder en los estados y en los municipios.
Las múltiples pifias del gobierno peñista han abonado indiscutiblemente a la pérdida de la confianza ciudadana. Incapaz de corregir el camino, este gobierno ni respeta, ni hace respetar la ley; visión prevaleciente incluso entre la opinión pública internacional.
Por ello resulta elocuente que en el Índice de Estado de Derecho 2016, publicado por el World Justice Project, México se ubique en el lugar 88, de 113 países analizados. El índice considera factores como límites al poder gubernamental, corrupción, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal, entre otros.
El panorama se aprecia aún más sombrío si tomamos en cuenta que en la región latinoamericana nos situamos en el lugar 24 de 30. Es decir, somos de los últimos en toda América Latina. Ni siquiera en nuestro barrio resultamos competitivos, siendo superados incluso por Brasil, donde a pesar de sus escándalos y crisis política, se colocaron en la posición 52 global, dentro de la escala de 113 países estudiados. México está 36 lugares debajo de los brasileños.
Cuando Plutarco Elías Calles afirmó en su último informe que “México debe pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes”, probablemente no previó que las propias instituciones surgidas de la Revolución, y que su régimen contribuyó a crear, estarían marcadas por la ineficacia y la corrupción. A casi 90 años de distancia, los vástagos del general abuelo del PRI no parecen tener alguna intención de avanzar en la consolidación institucional, o en el imperio de la ley.
Sin fortalecimiento institucional, resultará imposible acelerar el desarrollo socioeconómico del país. Por ello en Acción Nacional hemos puesto especial énfasis en la lucha contra la corrupción, que es una de las demandas más sentidas de la sociedad en todos los rincones del país. Hoy, existen graves ejemplos que laceran la confianza y la dignidad, como el caso de Javier Duarte; el prófugo ex gobernador de Veracruz que cada día nos regala nuevos ejemplos de a dónde pueden llegar la corrupción y el cinismo.
Ésta es una tarea de todos, por eso los funcionarios del gobierno en todos sus niveles deben siempre recordar que son servidores públicos, que no pueden ni deben servirse del poder, sino que deben escuchar las demandas de la gente y resolver sus problemas, poniendo el ejemplo en el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
El reto es que todo gobierno que se precie de serlo debe poner el ejemplo respetando las leyes y con ello a los ciudadanos. Éste sería el primer paso verdaderamente serio para hacer realidad un Estado de Derecho, para erradicar los incentivos que alimentan el cáncer de la corrupción y de la impunidad.
En Acción Nacional habremos de abanderar el esfuerzo por fortalecer las instituciones, consolidarlas, y así, darle a las familias el México que realmente merecemos, el que queremos heredarle a nuestros hijos, y que está en nuestras manos construir. Manos a la obra.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados
