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En las próximas elecciones estatales, los ciudadanos tenemos la inmejorable oportunidad de impulsar la consolidación democrática del país. Ejerciendo nuestro derecho al voto, podremos acelerar el cambio, especialmente en aquellos estados donde se mantiene íntegro el viejo sistema priísta.
Sufragando de manera libre e informada, se puede dar un golpe certero a cacicazgos, redes de corrupción y complicidades que aún dañan a la sociedad mexicana e impiden su progreso. De los estados donde se llevarán a cabo elecciones, sin duda Veracruz presenta condiciones que plantean la urgencia de un cambio político de fondo. Los seis años de gobierno de Javier Duarte han sido devastadores en el terreno económico, político y social.
No obstante el enorme potencial productivo de la entidad, entre 2010 y 2014 el promedio anual de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas el 1.58%, lo que refleja una situación de franco estancamiento. El panorama actual pinta aún peor: En el último trimestre de 2015 la actividad productiva cayó un 2.1% y en lugar de crearse nuevos empleos formales, se perdieron 4,287 el primer trimestre de este 2016. De igual forma, la deuda pública estatal equivale al 4.7% del PIB, cuando el promedio nacional es del 2.9. Las políticas económicas de la administración estatal se han manifestado totalmente ineficaces.
A esta situación se agrega la visible corrupción e incapacidad del gobierno de Duarte para combatir la inseguridad reinante. Múltiples escándalos, desvío de miles de millones de pesos y más de 2,700 asesinatos dolosos durante su mandato, así lo atestiguan. En un estado que nunca ha vivido la alternancia electoral, el cambio resulta más urgente que nunca.
Tamaulipas es otra entidad federativa que al igual que Veracruz, en su historia moderna sólo ha padecido gobiernos del PRI. Con un crecimiento promedio anual de apenas el 2.07%, en el periodo 2010-2014, se ubica como el estado de la frontera norte con el menor dinamismo productivo. En buena medida el acelerado proceso de disolución social le ha impedido a este estado aprovechar adecuadamente las oportunidades de desarrollo que la región ofrece.
Especialmente resulta preocupante a los tamaulipecos la ola de criminalidad que no deja de incrementarse. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2014 y abril de 2016, Tamaulipas fue la entidad federativa que más padeció el flagelo del secuestro, registrando 959 víctimas. Esta cifra representó más de 25% del total nacional durante ese período. En otras palabras, una de cada cuatro víctimas de secuestro en México, se encuentra en Tamaulipas.
Al igual que los plagios, los otros delitos graves muestran también niveles alarmantes. Revisando de nuevo datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo entre enero y abril de este año, en Tamaulipas se han registrado 422 homicidios y 48 delitos de extorsión, además de 933 delitos del fuero federal, donde sobresalen 405 casos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La violencia en tierras tamaulipecas llega a tales niveles, que Nuevo Laredo se ubicó en 2014 dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, según Forbes. Por su parte, Cd. Victoria apareció en dicha lista durante el año 2015.
Estos datos reflejan con claridad la incapacidad de la administración estatal priista para garantizar a los ciudadanos las condiciones mínimas indispensables para desarrollar su vida en un entorno social seguro y adecuado. Por el contrario, Tamaulipas puede considerarse prácticamente como un estado fallido.
Durango, otro estado que no conoce la alternancia política, sufre en materia social de importantes rezagos, los cuales resaltan aún más por tratarse de una entidad norteña. Destaca en este sentido la tasa de mortalidad materna, que en 2014 fue de 65.8 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la cifra en 2009 era de 37.9. Por su parte, la tasa de mortalidad de menores de cinco años por deficiencias nutricionales, pasó de 3.4 defunciones por cada 100 mil en el grupo de edad, a 4.9 en el año 2015. Este deterioro social se debe en buena medida a una economía de bajo crecimiento. El crecimiento promedio de 2.5% en los últimos cinco años, menor al promedio nacional, impide generar los empleos bien remunerados que los duranguenses necesitan.
Tlaxcala es otro estado donde se requiere un cambio de guardia. Su tasa de informalidad laboral del 70%, sólo es superada por Guerrero y Oaxaca. Con un crecimiento económico mediocre del 2.55% entre 2010 y 2014, urge la implementación de políticas económicas que dinamicen la actividad productiva y la creación de más fuentes de trabajo. En este aspecto la carencia es tal, que en el primer trimestre de este año se crearon apenas 1,228 empleos cuando la sociedad tlaxcalteca requiere más de 3000.
En Aguascalientes, el gobernador del PRI, Carlos Lozano, ha dejado a la deriva aspectos serios de inseguridad, y ha intervenido en procesos electorales, afectando los principios de imparcialidad y equidad. Miguel Alonso, gobernador de Zacatecas, por incompetencia, ha mantenido a los ciudadanos ante la violencia del crimen organizado, y altos niveles de corrupción han sido ampliamente señalados en la prensa. En Chihuahua, gobernada por el PRI de César Duarte, es donde hay un mayor crecimiento en los índices de pobreza extrema entre 2012 y 2014, según Coneval. Lo mismo para Hidalgo, donde la gente exige alternancia. En Quintana Roo han sido documentados graves escándalos de corrupción e inseguridad. En Puebla existe un innegable impulso económico durante el gobierno de Acción Nacional, y hoy hay importantes avances en seguridad, salud y educación. En Sinaloa y Oaxaca, las familias desean mejorías.
Ésta es la realidad que viven los estados donde se desarrollarán elecciones locales en los próximos días. Los votantes tienen el derecho y la obligación de emitir su voto de manera libre y razonada, con base al conocimiento de la situación socioeconómica que vivimos. En sus manos está poder contribuir al cambio, a la construcción de un mejor futuro para sus familias. Hagámoslo.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
