“El deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento”.
Manuel Gómez Morín
El tránsito de nuestro país a la democracia ha sido un proceso largo y difícil. No obstante los problemas surgidos, los esfuerzos que Acción Nacional y otras fuerzas y movimientos democráticos hemos realizado por décadas se han cristalizado en un sistema democrático que paulatinamente se va consolidando.
Los avances en materia político-electoral de las últimas cuatro décadas son incuestionables, destacando la profesionalización y ciudadanización de los procesos electorales; los padrones confiables y las credenciales de elector con fotografía; la apertura mediática y las candidaturas independientes. Estos logros eran casi impensables en las décadas de los 50 y los 60, durante el apogeo del presidencialismo del PRI, y el sistema de partido de Estado.
Sin menoscabar todo lo avanzado, el país demanda con urgencia profundizar en una reforma político-electoral, que corrija los errores y vicios que aún entorpecen la entrada definitiva de México en la normalidad democrática.
Por este motivo, en el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados hemos propuesto una reforma político-electoral integral, que nos permita tanto el fortalecimiento de la vida democrática nacional, como la reducción de su costo y el mejoramiento en la eficacia de gobierno y Congreso.
La reforma se sustenta en siete puntos que además de buscar el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, recogen las demandas más sentidas de la ciudadanía:
En primer lugar, reducir 100 diputados y 32 senadores del Congreso de la Unión. Así, además de reducirse el gasto, se mejorará la eficacia y la obtención de acuerdos entre las bancadas. Resulta poco razonable que, en Estados Unidos, con una población casi tres veces mayor a la de México, la cámara baja tenga con 435 legisladores, mientras que en la nuestra hay 500.
En segundo lugar, es necesario regular la reelección legislativa a través de medidas como la fiscalización absoluta de los recursos del Poder Legislativo, y la armonización de derechos que podrían entrar en conflicto, como la paridad de género y la reelección. La reelección legislativa fue aprobada en la reforma político-electoral de 2014 y entrará en vigor en 2018. Con una buena regulación de la reelección, los legisladores deberán rendir cuentas a los ciudadanos y tendrán que explicar cada voto, cada propuesta y cada peso asignado para poder volver a ser electos.
En tercer lugar, se debe instaurar la segunda vuelta en la elección presidencial. Desde 1994, en nuestro país ningún presidente ha obtenido más de la mitad de los votos. La segunda vuelta es la única forma para que efectivamente la mayoría de los mexicanos elija al presidente, garantizando con ello su legitimidad y mayor gobernabilidad.
En cuarto lugar, proponemos aumentar el umbral de votación para obtener y mantener el registro como partido político de 3% a 5% de la votación nacional, reduciendo con esto el costo de la democracia y eliminando el financiamiento de partidos que en realidad no tienen representatividad.
En quinto lugar, consideramos necesario reducir el financiamiento público a los partidos políticos, que 50% de este siga siendo en base al listado nominal y el otro 50% en base a la participación efectiva de la sociedad, logrando con ello una disminución importante del gasto público en los partidos políticos. El costo de la democracia en nuestro país resulta ofensivo para una sociedad con tantas carencias y desigualdades; convirtiéndose la disminución del financiamiento a partidos en una exigencia social.
En sexto lugar tenemos que evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Con esta medida ningún partido tendrá más legisladores de lo que representa su fuerza electoral.
En séptimo lugar, es necesario acabar con el fuero legislativo de toda legislación. Esta demanda planteada por Acción Nacional desde hace años, se hace impostergable ante la entrada en vigor de la reelección consecutiva. Las condiciones que justificaron la existencia del fuero hace décadas desaparecieron y ahora en lugar de proteger la libertad de expresión es una fuente de impunidad que termina fomentando la corrupción.
La reforma propuesta reviste la mayor urgencia, dado su carácter de reforma electoral. Debe aprobarse durante el presente periodo legislativo, debido a que en junio inicia el siguiente año electoral y los cambios tienen que haberse consolidado antes. Es responsabilidad de todos los legisladores llevar a cabo los ajustes necesarios para lograr una democracia eficaz, austera y transparente.
La sociedad mexicana cada vez es más atenta y más participativa, por ello, las fuerzas políticas del país debemos actuar en consecuencia, construyendo un marco institucional adecuado para el desarrollo político pleno, garantizando que el ciudadano sea el centro en la construcción de la democracia mexicana del siglo XXI.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
