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Con la promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México comienza una nueva etapa en la historia de la capital. Atrás queda el Distrito Federal, figura creada en la Constitución Federalista de 1824, que si bien desapareció con la implantación del centralismo en 1837, fue retomada en 1857 y se mantuvo hasta hace unos días. A partir de ahora, se formaliza una serie de cambios que comienzan con la denominación y que no sólo modificarán nuestras referencias habituales, sino que exigirán una redefinición de nuestra identidad, que ha empezado ya con un debate relativamente sencillo como es el del gentilicio que habrá de reemplazar al de “defeños”.
Los cambios que traerá aparejados la reforma repercutirán positivamente en el bagaje de derechos políticos de las y los ciudadanos. Una primera manifestación de esta ganancia se expresará en la conformación de una Asamblea Constituyente. Mucho se ha cuestionado que la representación al interior de este cuerpo legislativo no responderá en su totalidad a la voluntad popular, al ser de los 100 diputados, 40 designados por otras vías. No obstante, no debe soslayarse que, contrario a lo que ocurría en el pasado, en el que la organización jurídico-político se plasmaba en un ordenamiento competencia de la Cámara de Diputados, por primera vez la ciudadanía podrá elegir asambleístas que actuarán en su nombre para deliberar y adoptar las decisiones políticas fundamentales que configure la nueva Constitución. El cambio no es menor.
La representación ciudadana en las instancias de gobierno también se enriquecerá en la conformación de la entidad que sustituirá a las jefaturas delegacionales: las alcaldías, que habrán de integrarse por un alcalde y un concejo electos por votación popular. La conformación de un cuerpo colegiado plural en el nivel de gobierno más próximo a las necesidades de la gente, dará muy probablemente lugar a acciones de gobierno más democráticas, en las que se reflejen los intereses heterogéneos que confluyen en las demarcaciones, rompiendo las dinámicas propias de aparatos de poder monocráticos en beneficio de los habitantes de la Ciudad y favoreciendo la transparencia en materia de obra pública y servicios urbanos, el adecuado uso de recursos públicos, dificultando el uso clientelar de los mismos.
El resultado de la reforma política es cuestionable en la medida de lo perfectible que es toda transformación de esta envergadura; sin embargo, representa la mejor oportunidad para la ciudadanía de profundizar los avances en diversos rubros, como lo es en la calidad de la democracia. Temas como las facultades de los Comités y Consejos Ciudadanos y de los Pueblos, su participación en la gestión y vigilancia de las alcaldías, así como los de Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana serán primordiales en el debate del Constituyente.
La consolidación democrática de la Ciudad y su futuro requieren de la participación de su propio órgano electoral, en congruencia con el fortalecimiento de su autonomía y de su propia identidad, del papel que ha jugado en la paulatina expansión de la democracia participativa a lo largo de la geografía capitalina, favoreciendo la multiplicación de los espacios y las modalidades de consulta ciudadana. Por ello, estamos seguros que nuestra participación en la elección de la Asamblea Constituyente será exitosa y acorde con los altos índices de confiabilidad, objetividad, profesionalismo, autonomía y apego a la legalidad que han distinguido al órgano electoral de la Ciudad de México, como también lo estamos que la ciudadanía no desaprovechará la oportunidad para democratizar aún más la vida en la Capital. Ahí estaremos y sabremos cumplir.
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México
