Mario Melgar-Adalid

Policía y ladrón

13/04/2017 |01:12
Redacción El Universal
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La primer conjetura que se hace sobre la inteligencia de un funcionario público se basa en los hombres que le rodean. Dice Maquiavelo que para el gobernante tiene una gran importancia la elección de sus colaboradores “que serán buenos o malos según la prudencia que demuestre al escogerlos”. Algunos de los gobernadores que han acompañado al presidente Peña Nieto en su sexenio (hay otros que no lo acompañaron y son iguales o peores: Yarrington) han resultado no solamente malos sino impresentables, corruptos, prófugos, lo execrable que ha producido la clase política mexicana. Todos son gobernadores del PRI, menos uno del PAN, ahora preso, han afectado seriamente a un partido que nunca debió haberlos postulado. Si bien el presidente Peña no los escogió directamente, sus fechorías han afectado seriamente su gestión.

Uno de ellos, que está por concluir el encargo, había pasado casi desapercibido hasta que se supo de las trapacerías de su fiscal general. Al ganar las elecciones de Nayarit, Roberto Sandoval hizo una declaración al más viejo estilo priísta: “Nos fue muy bien en esta elección, Nayarit ganó, ganó México, conozco a Enrique Peña Nieto a manera personal, es un gran amigo de Nayarit, es un gran amigo de Roberto Sandoval y sé que va a ser el mejor presidente de la República que ha tenido México”.

Sandoval recibió el estado de Nayarit con un enorme déficit presupuestario. En aquellos días el más grave después del que dejó en Coahuila Moreira I a su hermano Moreira II. A pesar de las malas cuentas heredadas, todo parecía ir bien en Nayarit con el nuevo gobernador hasta que empezó a gobernar.

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Designó como fiscal general del estado a Edgar Veytia, que se convirtió en la estrella de la fiesta nayarita, al grado de que recibió premios y hasta un doctorado honoris causa, que le confirió la Universidad Álica, institución académica que ofrece el nivel de doctorado sin impartirlo, solo en la modalidad fiesta honoris causa. Después de seis años de hacerse cargo del reto más importante del gobierno, como es garantizar, ante todo, la seguridad pública y la justicia frente a los delitos, se supo que el fiscal general tenía doble vida: era policía y ladrón.

El gobernador Sandoval, que había declarado meter las manos al fuego por su fiscal general —su mejor funcionario, según declaró—, tiene enfrente la inevitable presunción de culpabilidad. ¿Cómo evitar verse ligado a su fiscal general? ¿Cómo deslindarse de las trapacerías de su abogado general?

El fiscal estaba investido de facultades casi omnímodas, podía entre otras cosas y por mandato de la ley: “dirigir y coordinar el desarrollo de la función investigadora y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal”. De igual manera “determinar las formas de terminación anticipada de las investigaciones y salidas alternas”.

El gobernador no tiene responsabilidad directa y a ese clavo ardiente está colgado en espera del cese de la tormenta. No obstante hay una responsabilidad directa, inevitable, indefendible. Roberto Sandoval declaró que le sorprendió la detención del fiscal general del estado, Edgar Veytia porque “es ciudadano americano”. Por eso, Sandoval violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit y otras leyes locales por haber designado a un estadounidense, ahora preso en Nueva York por narcotráfico.

Si le sorprendió que su fiscal estuviera ligado al narco, sorprende más que no conozca la Constitución que juró defender. Artículo 32 segundo párrafo: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

La Constitución de Nayarit establece (Art. 95) que para ser designado fiscal general se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Lo anterior impide que un ciudadano estadounidense, así tenga la nacionalidad mexicana, pueda ser designado fiscal general.

A nadie parece importarle esta grave violación constitucional.

Investigador nacional en el SNI.

@DrMarioMelgarA