Más Información
Al año por morir le quedan todavía designaciones: la del rector de la UNAM y dos vacantes en la Suprema Corte. En ambas el voto popular, la mano alzada, la asamblea desbordada no tienen qué hacer. Se trata de mecanismos de la democracia indirecta. Las designaciones las harán, en la UNAM 15 académicos que integran la Junta de Gobierno, en la Corte, el presidente de la República y 128 senadores.
Estas elecciones se sustentan en marcos normativos: para elegir al rector la legislación universitaria y para los ministros la Constitución. El cumplimiento de las normas confiere legitimidad a los elegidos y consolida la solidez institucional. Si no se siguen las reglas, se daña el alma nacional.
Uno de los aspirantes a la Corte, según el senador Javier Corral, es Raúl Cervantes, senador con licencia para investigar en el ITAM y en la UNAM. Conforme a la Constitución para ser ministro, se requiere no haber sido senador durante el año previo al nombramiento. Se podrá argumentar que con su licencia el senador Cervantes dejó de ser “senador senador” y sólo es senador con licencia. Estos galimatías pueden comprometer nuevamente la incorporación a la Corte de un senador que según quieren hacer creer ya no es senador, sino senador con licencia, pero a final de cuentas senador, en tanto puede regresar a sus funciones con sólo una solicitud.
Algo inédito ocurrió. La voz de los jueces, circunscrita exclusivamente al seno judicial (“los jueces hablan por sus sentencias”) se escuchó. El ministro Silva Meza advirtió que de darse una designación política se trataría de “un parteaguas brutal y una afectación a los principios fundamentales de la autonomía e independencia” (EL UNIVERSAL). Una agrupación de jueces y magistrados pidió al presidente que no sean factores políticos los que determinen la integración de las ternas. Solicitan sean personas “desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia”. Otra agrupación de juezas y magistradas exigió al presidente que las ternas estén conformadas exclusivamente por mujeres, para garantizar una mayor “equidad de género”.
Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI, negó que su partido impulse a Cervantes: “No hay ningún partido que se haya atrevido a impulsar a uno de sus miembros para ocupar cargos en el máximo tribunal”. En un sentido similar se pronunció el presidente del PAN, Ricardo Anaya.
La sociedad civil a través de: Senado de la República, Presidente Enrique Peña Nieto: Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates ha reunido 40 mil firmas advirtiendo el riesgo de violentar el texto constitucional.
Dos cosas se antojan: (i) que el senador Cervantes, dueño de fama pública bien ganada, declare que no tiene interés. (ii) Que las ternas no lo incluyan a él, ni al panista Germán Martínez, también en la conspiración.
Podría llegarse al extremo, como ocurre en otros países: que la Corte se pronuncie, como ya lo hizo uno de sus miembros, y declare formalmente que las ternas —si fuera el caso— son ilegítimas. En cualquier país del mundo que cuente con un tribunal constitucional, guardián del texto supremo, se anularían las propuestas en terna si no cumplen con los requisitos constitucionales.
En la UNAM, la Junta de Gobierno designará al nuevo rector. La comunidad universitaria, después de un intenso debate, acatará la decisión. Entre los universitarios existe la divisa de que la Junta no se equivoca. En cuanto a la Suprema Corte con las ternas pendientes, Peña Nieto tendrá la oportunidad de mostrar que la justicia es efectivamente una prioridad nacional. No hacerlo sólo agregará agravios a una sociedad decepcionada con su gobierno.
Ex consejero fundador de la Judicatura Federal
@DrMarioMelgarA
