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Nos están saqueando. Siempre se había dicho, pero nunca habíamos tenido tanta evidencia como ahora. Tan sólo ayer, lunes 25 de mayo, la prensa compitió por ver quién mostraba el caso más escandaloso. Sólo para ilustrar el punto: EL UNIVERSAL retomó una denuncia contra el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, que “gestionó” más de 120 millones de pesos para un municipio que contrató a empresas que simulaban competencia —cuando en realidad eran todos socios— y cuyos dueños hoy son candidatos a cargos por el PRD.
El mismo modus operandi que denunció Reforma, pero con el gobierno panista de Jorge Romero. En su caso entregó contratos por más de 50 millones de pesos a la misma familia que ofrecía múltiples servicios a la delegación Benito Juárez. El contratista hoy es candidato del PAN a la delegación Cuajimalpa y Romero será diputado local plurinominal por Acción Nacional.
Y así podríamos seguir: hay denuncias de corrupción contra gobernadores como Rodrigo Medina (PRI), Guillermo Padrés (PAN) y evidencia de sobreprecios en obras que en su momento realizó Marcelo Ebrard (PRD).
Pero esto no es lo importante. Porque como bien me explicaron hace poco, la principal tragedia de México no es la corrupción, sino la impunidad. Porque es la falta de castigo la que permite la repetición de la conducta.
Y la pregunta aquí es qué estamos haciendo como sociedad. Porque lo que todos estos casos muestran es que nuestro sistema de controles es una burla, una simulación. En todos los casos estamos ante denuncias mediáticas, productos de filtraciones o de corruptos arrepentidos que buscan protección. No se trata de expedientes en los que las instituciones de supervisión funcionaron, ni para detectarlos ni para sancionarlos.
¿Para qué tenemos contralorías, congresos locales o leyes contra la corrupción si evidentemente no funcionan? ¿Cuántos cómplices hay en cada historia? Se trata de cientos de personas que sabían, pero que miraron para otro lado, millones si nos incluimos en la lista de los que lo saben (al menos ahora lo sabemos) y no hacen nada.
Nos indignan más los dichos torpes de una persona, difundidos en una grabación ilegal realizada quién sabe por quién, que el robo de millones de pesos que se realiza de manera cotidiana y que explica por qué es tan difícil encontrar a un político o gobernante pobre.
¿Qué vamos a hacer antes esa exhibición de porquería? ¿Seguir paralizados como hasta ahora, con desahogos en redes sociales y con una atención fragmentada que no sirve para nada salvo para escandalizarse hasta la llegada de la siguiente noticia de impacto?
Mucho se ha dicho en México de Podemos y Ciudadanos, los partidos políticos españoles que han puesto en jaque a los jugadores de siempre. La diferencia entre ellos y lo que hoy pasa en nuestro país es que allá convirtieron el “Ya basta” —como estado de ánimo— en organización y en una salida institucional para darle cauce al malestar social. El propio sistema permitió —con sus reglas— que se formaran nuevas opciones electorales que sirvieron como herramientas para castigar a los corruptos. Ahí está el caso de Barcelona, por poner sólo un ejemplo, donde una candidata ciudadana venció a los candidatos de partidos tradicionales.
No me imagino mejores condiciones para que algo así pase en México en 2018 ante el desprestigio de la actual clase política, que en esta campaña se ha empeñado en exhibirse. Al mismo tiempo, no veo todavía a quienes puedan pasar del “sentimiento” a la acción. Por eso, como ya había apuntado antes en este espacio, lo más interesante de las elecciones que vienen no será lo que ocurra el 7 de junio, sino lo que la ciudadanía sea capaz de construir a partir del día siguiente para detener el gran robo que ocurre todos los días, por todo el país, delante de nuestros ojos.
Politólogo y periodista.
@MarioCampos
Facebook: MarioCamposCortes
