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Al terminar el mensaje que con motivo del Tercer Informe de Gobierno nos ofreció el presidente Peña, me quedé con la impresión de que junto a los importantes logros alcanzados en estos tres años, los desafíos y las evidentes omisiones en el discurso, se delinearon muchos pendientes y deseos para regenerar la confianza perdida, que difícilmente serán resueltos sin la participación de la ciudadanía.
El importante reconocimiento a la indignación por los escándalos del año pasado fue más que un déjà vu. Lo entendí como un llamado a la acción ciudadana para que pongamos fin a una larga cadena de agravios de múltiples autoridades, en donde el mismo Peña tendrá que invertir su capital político en los tres años que le restan de administración. Estar consciente del problema es un buen primer paso, sin embargo hacen falta los cómos.
Desde luego que me hubiera gustado más que se reconociera a la seguridad y la justicia como bienes públicos por excelencia para que defendiera el Desarrollo Policial con la misma convicción que tuvo al hablar de la importancia de la dignificación de los maestros en la reforma educativa. Ambos temas son importantes, no obstante me parece que en el cálculo político de sus asesores, es preferible seguir dejando en segundo plano la seguridad.
Ya que hablamos de derechos, en la Clave Única de Identidad comprometida en el Pacto por México y en el pasado decálogo, aunque se mencionó escuetamente en el mensaje, sí hay avances y se reportan en el documento entregado a los legisladores. Promete ser uno de los derechos más trascendentales de los últimos 25 años, claro, después de las elecciones de 2016.
En este orden de ideas el llamado a la sociedad civil para lograr un Acuerdo por la justicia cotidiana es lo más parecido a garantizar el derecho humano a la justicia.
La justicia cotidiana junto a la Clave Única de Identidad y la Reforma Educativa, conforman las grandes reformas sociales que hará la actual administración para incidir directamente la vida diaria de la población. Para que funcionen, es necesario delimitarlas y abrazarlas desde amplios sectores de la población.
Para ello quisiéramos saber cuáles son para el Presidente las propuestas prioritarias de las 217 elaboradas por el CIDE para vencer las barreras (entre ellas económicas) que los ciudadanos tenemos para acceder a la justicia. Además, habrá que despolitizar el tema para evitar que los políticos “arreglen” nuestra justicia así como “arreglan” nuestra seguridad.
Sobre temas de seguridad y justicia he tratado al Presidente desde que era gobernador y sé que es una persona sensible a los problemas de la gente. Pienso al respecto que algo sucede en su círculo cercano para no dar fuerza política a temas que causan tanto dolor a las familias mexicanas. Tal vez, le siguen apostando a que no hablar del problema de seguridad solucionará el problema, cuando el alza del delito del secuestro de 2013 y los lamentables hechos de Ayotzinapa de hace casi un año, demostraron que no hablar del problema, agrava más dicho problema.
El mensaje me dejó la percepción de que el Presidente está atado a los famosos “tiempos políticos” que no le permiten expresarse sobre lo que él sabe deberían ser bienes públicos por excelencia, la seguridad y la justicia, y que convierten a las víctimas en números.
Finalmente, es una pena que a sabiendas de que México está herido, no amplíe su círculo de confianza y su termómetro social, ya que de seguir así, terminarán siendo el principal impulsor del populismo que él mismo criticó.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera