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Hoy se conmemora el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hemos avanzado en diagnosticar, documentar casos y establecer cifras que dan cuenta de la gravedad del problema y de la urgencia de tomar acciones. Como feminista, jueza constitucional electoral y representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, es mi responsabilidad presentar propuestas para atender la violencia política hacia las mujeres.
Gracias las organizaciones sociales, a las reformas electorales y a la impartición de justicia, son cada vez más las mujeres que pueden ejercer sus derechos político–electorales. Sin embargo, esto las ha colocado en mayor exposición y vulnerabilidad, generando, en muchos casos, violaciones a sus derechos. En distintas regiones del mundo se registran casos de ciudadanas, políticas, candidatas y funcionarias.
Además, pese a las iniciativas presentadas tanto por senadoras como por diputadas, en México no contamos con legislación en la materia ni existe una vía jurídica clara para denunciar estos casos.
Ante este grave contexto, valdría la pena considerar la emisión de un instrumento que garantice que las autoridades cumplan sus obligaciones. Están dadas las condiciones para elaborar un protocolo donde se establezcan acciones urgentes frente a casos de violencia política, que eviten daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
Considero que ese protocolo deberá ser elaborado e implementado por los Tribunales Electorales, tanto del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como por los de los estados; por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por los Organismos Públicos Electorales Locales; por las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); por las Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); y, por dos organizaciones de la sociedad civil y dos académicas.
El protocolo deberá diseñarse con enfoques de género e interculturalidad. Debe ser un documento sencillo y manejable en el que se establezcan conceptos generales y deberes de las autoridades, aparejado de una serie de capacitaciones para implementarlo. Además, deberían sumarse otras medidas encaminadas a aumentar la conciencia sobre el problema y sus consecuencias.
En tanto este protocolo es elaborado, con fundamento en el deber prevención, garantía y debida diligencia, así como en las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Víctimas, las autoridades administrativas y quienes impartimos justicia, debemos dictar órdenes de protección para responder a la amenaza que enfrentan quienes sufren violencia de género.
Las mujeres se encuentran en mayor riesgo de sufrir agresiones cuando denuncian los abusos de que son objeto. Por ello, las órdenes de protección resultan fundamentales. De ahí la importancia de un protocolo que las proteja de una eventual revictimización.
Mi propuesta tiene como objetivo proteger a aquellas mujeres que ven mermado el ejercicio de sus derechos político-electorales por una acción violenta y facilitar la atención y coordinación por parte de las autoridades.
Magistrada del TEPJF.
carmen.alanis@te.gob.mx
@MC_alanis
