El dictamen con proyecto de decreto que se aprobó en el Senado de la República el martes 9 de marzo (un día después del Día Internacional de la Mujer) es un gran avance, aunque formal, pero que debemos reconocer y difundir. Hoy lo tiene la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
Este decreto propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para incorporar la Violencia Política en razón de Género, regular los procedimientos y definir las autoridades competentes para sancionar las conductas.
Por fin se reconoce que en México existe la violencia política. Se materializa nuevamente en las leyes lo que el TEPJF, el INE y la Fepade, ante la inacción del Legislativo (obvio no me refiero a las Senadoras y Diputadas valientes que nunca han quitado el dedo del renglón), hicieron con anterioridad. Primero a través de la Jurisprudencia de la Sala Superior y, posteriormente, con la puesta en marcha del “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”.
Años se tardaron las legisladoras en lograrlo. Nunca podré olvidar cómo funcionarios de ‘alto rango’ les exigían que les probaran los casos de violencia política contra mujeres. Les decían: “eso no existe”, “ya no saben qué inventar”. A mí me llegaron a decir: ¿No se conforman con las cuotas? ¿Después de ‘su’ paridad en las candidaturas, todavía quieren más?; “Jamás llegarás a la Suprema Corte si no te olvidas de esa m…da de la paridad horizontal”, y un largo etcétera.
Desafortunadamente, nuevamente se impusieron los machos, y no se avanzó en la tipificación de la violencia política como delito electoral. Otras preguntas planteaban los ‘penalistas’ y los enlaces de los ‘jefes’ y de algunos dirigentes partidistas (Enrique Ochoa del PRI es el único que públicamente se ha comprometido a defender y apoyar esta reforma):
¿Qué ustedes quieren meter a todos los que las agredan en las campañas a la cárcel? ¿Por qué criminalizar la política?, y muchos otros cuestionamientos no muy lejanos.
¿Qué se logró en el ámbito penal? En la Ley General de Delitos Electorales se propone el aumento de las penas hasta en una mitad, en algunos de los tipos penales electorales ya vigentes, “cuando las conductas ahí señaladas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer”. Desafortunadamente estos delitos están muy lejos de reflejar las conductas que se cometen en contra de las mujeres en las elecciones y en el ejercicio del cargo público. ¿Qué les pasa? La violencia política en contra de las mujeres no se concentra en el terreno de la presión a funcionarios de casilla, la obstaculización a las actividades de las casillas, la compra y coacción del voto. ¡No!
Queremos que se tipifique directa y claramente como delito, y se sancione la violencia política en razón de género, cuando matan, golpean, violan, amarran, latiguean a las candidatas o a las funcionarias electas; queman sus casas, apedrean, expulsan de sus comunidades, queman las alcaldías, les prohíben asistir a las asambleas, les prohíben subir a tribuna, no les pagan, no les dan oficinas, amenazan de muerte a sus familias y a sus equipos, secuestran a sus hijos o cónyuges, y claramente violan los derechos humanos de las mujeres funcionarias públicas. Si yo, como entonces magistrada de la Sala Superior del TEPJF fui objeto de violencia política, imagínense las mujeres más desprotegidas en los espacios municipales que se rigen bajo los sistemas tradicionales de elección de sus autoridades (presenté denuncias ante la Fepade por ataques directos en redes sociales; fui excluida de los comités de magistrados una vez que concluyó mi periodo de 4 años de
Presidenta (ni el de género me dejaron); se me ocultaba información institucional; fui retada por un magistrado… y un largo etcétera, y no hay instancia para denunciar la violencia política por razón de género, menos a esos niveles).
No podemos tapar el sol con un dedo. La violencia política en contra de las mujeres aumenta en México. Es visible, es palpable. Está documentado en casos en la Fepade, denuncias de mujeres de carne y hueso (38 en 2015 y 103 en 2016). En demandas ante el tribunal electoral y sentencias que le dan la razón a las mujeres violentadas; medidas de protección otorgadas por las instancias competentes de la Segob. Estos casos se utilizan en los discursos y en las exposiciones de motivos. Debería darnos vergüenza mencionarlos como Estado. Van algunos ejemplos: el caso de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, donde la Sala Superior del TEPJF resolvió que era responsable de acoso laboral el presidente y un magistrado de aquel Tribunal, y en la sentencia vinculó al Senado a sancionarlos, por ser el órgano que los nombró. ¿Qué hizo el Senado? Se declaró incompetente. ¿Entonces quién puede sancionar a los integrantes de los tribunales electorales?, pues según senadores y varias senadoras, nadie. El caso de la Alcaldesa Rosa Pérez, 9 meses pasaron después de que también el tribunal electoral ordenara su restitución y la Secretaría de Gobernación (a través de las autoridades competentes) ordenara medidas de protección, y es ella y su gente quienes tienen que recuperar a la fuerza la Alcaldía de Chenalhó; hay muertos y están amenazados (ella y otros) de muerte.
Y las autoridades locales?, ya son responsables en más de una resolución por desacato e incumplimiento, pero hasta el momento, impunes, intocables.
Las mujeres ganamos terreno en el reconocimiento formal de nuestros derechos; en la representación política somos ejemplo mundial, pero esta situación no les gusta a muchos, y la respuesta ha sido la violencia política. Naciones Unidas (ONU Mujeres) la OEA (CIM) han reconocido el avance mexicano, pero siguen de cerca estos casos lamentables y nos acompañan. Espero que la Cámara de Diputados apruebe estas reformas tan importantes, y que en la Ley General de Delitos Electorales, pronto, muy pronto, se tipifique la violencia política en contra de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Ya no estamos dispuestas a seguir escuchando: “Ya será en otro momento. Poco a poco mujeres, no pidan tanto…”.
Ex magistrada del TEPJF
alanisfigueroaster@gmail.com
