Hace unos días concluyó el impeachment que se realizaba a la presidenta Dilma Rousseff. Lamentablemente para los regímenes democráticos, concluyó con la destitución de la mandataria.
No es la primera vez que se enjuicia a un titular del Ejecutivo en Brasil. En 1954 se puso en marcha un juicio contra el presidente Getulio Vargas. La segunda ocasión fue en 1992, en contra del presidente Collor de Mello, quien renunció a su cargo, lo que no impidió su inhabilitación.
Este tercer ejercicio se dio en un entorno violatorio de derechos humanos, particularmente de derechos procesales. Además, se acrecentó con discriminación y violencia política de género, puesto que fueron varias las voces que dudaban de la capacidad de ejercer el poder de la presidenta, sus afirmaciones se basaban en el hecho de ser mujer y no en su desempeño en el cargo.
La mandataria fue reelecta en octubre de 2014, se dio en una segunda vuelta, con una diferencia de 3.28% de los votos, lo que no le quita legalidad, ni legitimidad a su gobierno. Sin embargo, el proceso electoral se caracterizó por campañas de ataque al gobierno —completamente válido— por los escándalos de corrupción y por el bajo crecimiento económico.
Situación que afectó la popularidad de la mandataria y generó protestas masivas que solicitaban su inmediata destitución. Los respaldos políticos que la llevaron a la presidencia se resquebrajaron, la coalición de partidos que la apoyó se rompió y el propio presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, rompió su relación con el gobierno.
Así, las acciones para acotar el mandato fueron tres: 1) denuncias de financiación ilegal de su campaña, 2) implementación de juicios políticos y 3) rechazo a las cuentas de gobierno para el ejercicio fiscal 2014.
Al atender la tercera vía, el Tribunal de Cuentas rechazó la utilización de pedaladas fiscales —retraso en el pago de cuotas de un préstamo bancario para programas federales—. Con este argumento se precisó que el gobierno maquillaba las cuentas, ya que, al transferir los gastos de un mes a otro, se presentaban gastos inferiores a los ingresos y se cumplía con la Ley. Bajo este argumento se inició el juicio por crímenes de responsabilidad.
La defensa logró que el caso fuera analizado por la Corte Suprema al argumentar violaciones al procedimiento y el juicio fue suspendido el 9 de diciembre. Sin embargo, el 16 de marzo, la Corte evitó el pronunciamiento y ordenó el reinicio del juicio.
El 12 de mayo se suspendió a la presidenta de sus funciones, se disolvió su gobierno y Michel Temer asumió en forma interina la Presidencia. En su defensa, Dilma Rousseff negó haber cometido tal crimen y señaló que más que un juicio político, se trataba de un golpe de Estado.
El miércoles pasado se votó concluir de manera definitiva el mandato de la presidenta. Sin embargo, el Senado no logró la mayoría para inhabilitar del ejercicio público a la mandataria.
No sólo se rompió el sistema democrático, sino que ignoró la voluntad de la ciudadanía que salió a votar por la mandataria. Fueron los brasileños quienes decidieron quien los gobernara y una cúpula política ha decidió romper el mandato del pueblo.
Finalmente, se anunció que acudirá a las instancias interamericanas para denunciar la violación a sus derechos humanos, en concreto, al debido proceso, a la garantía de audiencia, la independencia e imparcialidad del órgano interviniente y al recurso efectivo.
Este hecho también debe ser analizado como una violación a su derecho a ejercer el cargo para el cual fue electa y a sus derechos políticos electorales. Esto, no lo podemos negar; es violencia política de género.
“No estamos contentos, pero ¿por qué debemos estar tristes? El mar de la historia es agitado, las amenazas y las guerras, vamos a cruzarlas, romperlos al medio, cortándolas como una cuchilla… Un fuerte abrazo a los brasileños, que comparten conmigo la creencia en la democracia y la justicia”. Rousseff citando a Maiakovski.
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
@MC_ alanis
alanisfigueroaster@gmail.com
