Por mucho tiempo las mujeres hemos sido víctimas de actos que niegan nuestra dignidad y, por tanto, obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos. Por mucho tiempo esos actos estuvieron avalados por las normas jurídicas y sociales. Después de grandes batallas a nivel cultural, académico, legislativo y judicial, hemos logrado, entre otras cosas, el reconocimiento formal de que esos actos existen, son discriminatorios, deben prohibirse y deben sancionarse.
Afortunadamente las cosas han cambiado. Si hace cinco años la Sala Superior del TEPJF hubiese resuelto el asunto de la magistrada de San Luis Potosí (SUP-JDC-4370/2016), seguramente hubiese reprobado los actos de acoso de los que dicha magistrada fue víctima por parte de los dos varones que integran el tribunal con ella, así como de su secretario de Acuerdos.
Pero, es probable que no hubiésemos detectado que era un asunto de violencia política y que no hubiésemos dado vista al Senado a fin de que, en su carácter de órgano responsable de la designación de los magistrados, investigue y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan.
Gracias al esfuerzo coordinado del TEPJF, el INE, la Fepade, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la CEAV, el Inmujeres y la Fevimtra, hoy contamos con un Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. El instrumento que previamente anuncié en este mismo espacio fue presentado el 14 de marzo de 2016 (consultable en: http://bit.ly/1pqeL0m).
Sus objetivos son: 1. Prevenir actos de violencia política contra mujeres; 2. Facilitar su identificación; 3. Evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas; 4. Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables, y 5. Servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel federal, estatal y municipal.
Con este Protocolo, las instituciones mandamos un mensaje muy claro: ¡No más violencia política en contra de las mujeres, no más!
Las instituciones que trabajamos el Protocolo estamos muy atentas y vigilantes, ya que nuestra labor es hacer realidad el derecho de las mujeres a ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad y libres de violencia.
Invito también a las organizaciones, a los partidos, a la academia a que se apropien de este instrumento, a que lo utilicen para defender los derechos político-electorales de las mujeres y a que visibilicen y defiendan estos casos.
Confío en que a este Protocolo se le sumarán otras acciones, tales como la adopción de la normativa específica, la realización de una campaña permanente y el diseño de un sistema de registro de los casos. Mientras tanto, estamos trabajando intensamente para lograr capacitar, con base en el Protocolo, a servidoras y servidores públicos que participarán en las elecciones de este año, así como a quienes integran partidos políticos.
Con este Protocolo, decimos: basta de incumplir con las obligaciones de paridad y de buscar formas para evitar que las mujeres ocupen cargos de elección popular, basta de comentarios misóginos y estereotipos discriminadores contra las candidatas, basta de regatearles el financiamiento para sus campañas, basta de otorgarles menos tiempo en medios de comunicación, basta de obstaculizarles el ejercicio del cargo por el hecho de ser mujeres, basta de tratar de amedrentarlas por medio de amenazas a ellas y a sus familias. Sencillamente, basta. Y, cada vez más, una democracia verdadera, incluyente y participativa.
Magistrada del TEPJF.
@MC_Alanis
carmen.alanis@te.gob.mx
