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Estamos a menos de dos semanas de la jornada del 7 de junio, primer examen al que se someterá la reforma electoral del año pasado. En la antesala, las elecciones españolas del domingo pasado aportan elementos para la reflexión en cuanto a la manera en que ciudadanas y ciudadanos pueden procesar sus demandas políticas a través de cauces institucionales democráticos.
La participación ciudadana en las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo alcanzó 65%. Esta cifra no es desdeñable, si se considera que en España —como en casi todo el mundo— cuando los comicios no involucran cargos nacionales la proporción de ciudadanos que acude a las urnas suele ser menor. En México, por ejemplo, la participación de coahuilenses (39%) que votó el año pasado en la elección local fue 20% menor que la de oriundos de ese estado que votaron en la presidencial 2012.
Del caso español, sin embargo, lo que hay que destacar es el incremento en la tasa de participación. El descontento con el desempeño de la economía y con los escándalos de corrupción ha sido enfrentado con una mayor afluencia a las urnas. La tasa de participación de este año es mayor que en la elección similar previa (2011) e inclusive es más alta que la registrada en los comicios al Parlamento Europeo del año pasado. En ciudades como Madrid y Barcelona el aumento en la participación ciudadana fue muy alto.
Si bien el sistema de partidos español históricamente apuntó hacia el bipartidismo, las elecciones de este año y del anterior han puesto de relieve la capacidad de la democracia española para incorporar nuevas opciones, sin resquebrajar el vínculo ciudadano con las urnas. Mientras que Podemos logró articular en una propuesta programática de izquierda el sentido reclamo de los indignados, Ciudadanos ha puesto en el debate una plataforma liberal ortodoxa, precisamente en oposición a las demandas por un mayor gasto público.
Con todo ello, el resultado del domingo pasado pone de lleno al país ibérico en el pluripartidismo. En 2011 tres de cada cuatro electores votaron por los partidos tradicionales (PP y PSOE). Esta vez ambos institutos políticos acumularon apenas 52% de los votos. Es decir, las opciones emergentes lograron cautivar a la cuarta parte del electorado en sólo unos años.
Pero hay dos elementos adicionales de corte estrictamente electoral que no deben ser pasados por alto al tratar de comprender los resultados de la elección del domingo.
Primero, la duración de las campañas. El 50% de participación electoral en una elección local tiene mucho significado, si se considera que en ese país las campañas duran quince días. Es decir, duran 45 días menos que una campaña mexicana a diputado federal y 30 días menos que una para delegado o diputado local en el Distrito Federal. Campañas más cortas no parecen disuadir la participación.
Segundo, el modelo de comunicación política español prohíbe la adquisición por parte de los partidos políticos de tiempo en radio y televisión en emisoras de utilidad pública, al tiempo que establece restricciones en medios privados. Haber regulado el mercado publicitario en radio y televisión no ha disminuido la participación, aunque sí ha posibilitado el pluralismo.
Los tiempos que han vivido los españoles a partir del inicio de su crisis económica han sido difíciles. Ello no les ha alejado de la convicción democrática ni de sus instituciones.
Ahora que México vive, en muchos aspectos, tiempos adversos para la confianza ciudadana, quizás es momento de voltear a ver el fenómeno español y hacer de la jornada electoral del 7 de junio un momento de amplia participación ciudadana. Como lo demuestra el caso español, cuando los electores se acercan a las urnas hacen suyo el destino de la nación.
Magistrada del TEPJF.
@MC_alanis
