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El 28 de marzo del año en curso, el gobernador del Banco de México anunció la entrega de 321 mil 653 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de “Remanentes”. De inmediato, el secretario Meade declara que 70% de esos recursos serán usados para pagar deuda pública y 30% restante para el fondo de estabilización.
El lector se preguntará ¿qué es eso de Remanentes? y ¿por qué, si el gobierno federal puede disponer de una cantidad tan importante de recursos financieros, ha recurrido a recortes presupuestales brutales en educación, salud, vivienda, inversión productiva durante dos años consecutivos y ya se anuncia un nuevo recorte presupuestal para 2018?
Los Remanentes del Banco de México provienen de los recursos adicionales que recibe por la devaluación del peso frente al dólar. Sí, aunque el lector no lo crea, el dólar caro genera remanentes al Banco de México, pues por cada dólar, recibirá más pesos. En términos técnicos, los remanentes de operación son “el resultado de restar a las utilidades del Banco los recursos destinados a fortalecer las reservas de capital y de revaluación de activos”. El acumulado entre 2015 y 2016, asciende a 560 mil 746 millones de pesos. Esto más que duplica los 238 mil millones de pesos a que ascendió el recorte presupuestal en 2017 y, supera el presupuesto total de las Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y Cultura para el año en curso.
¿Por qué esos montos millonarios deben tener como destino el pago de deuda, cuando por ejemplo en educación hay tantas necesidades que cubrir? Son miles de jóvenes excluidos de educación superior que no pueden acceder a un lugar en una universidad pública que les permita desarrollarse. También, en los últimos días vimos que los jóvenes de posgrado recurren a manifestaciones porque se reducen los presupuestos de Conacyt; tan sólo en 2016 les quitaron 2 mil 700 millones de pesos, que permitiría becar por un año a cerca de 25 mil estudiantes más de maestría.
En educación media superior y superior son muchas las demandas respecto a la mejora de las condiciones de trabajo. En el sector académico, 70% de los docentes universitarios del país se encuentran precarizados, son pagados a “destajo”—por hora pizarrón impartida— con grupos numerosos, sin estabilidad laboral, contratados semestral o anualmente, sin pago por el tiempo empleado en preparación de clases, evaluaciones y actualización profesional.
Crecen los ingresos fiscales, hay remanentes millonarios en Banco de México y se niegan los fondos necesarios para mejorar la educación y garantizar las tareas sustantivas de las Universidades: docencia, investigación, extensión y difusión. Esto es posible porque en noviembre de 2015, el gobierno federal instruyó a los diputados a modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adicionando un artículo 19 bis, para amortizar la deuda, asegurando las ganancias de la banca, y para el fondo de estabilización que se maneja discrecionalmente por el Ejecutivo.
Hoy ante la emergencia nacional por la crisis económica que vivimos y la vulnerabilidad de nuestra economía frente al entorno internacional, urge hacer una auditoria a la deuda pública, cambiar esa ley para permitir el uso de los millonarios remanentes en inversión productiva y para que el gobierno cumpla con su responsabilidad en salud, jubilaciones, educación y cultura.
Profesora de la Facultad de Economía, UNAM, integrante del CACEPS
