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De nueva cuenta el secretario Aurelio Nuño, ante la segunda ronda de evaluaciones docentes que se realizaron el fin de semana pasado en Guerrero, muestra que le faltan habilidades para el puesto, pues no tiene formación como maestro o pedagogo, maneja de manera equivocada lo que es un derecho y una obligación, se empeña en usar un lenguaje y una política coercitiva y represiva hacia el magisterio nacional, declara que la Policía Federal y estatal, estará presta para actuar “ante cualquier eventualidad”. “Tomaremos las medidas necesarias para garantizar el derecho y la obligación de los maestros a evaluarse” (EL UNIVERSAL, 8/04/16). La evaluación ha sido impugnada por el magisterio nacional y numerosos investigadores educativos desde su aprobación.
Que se diga que es derecho y obligación es contradictorio. La “evaluación docente” que han instrumentado desde el Estado, además de ser externa al proceso educativo, no es un derecho, puesto que el derecho se define como la potestad que las personas tienen para ejercerlo o no, para desarrollar su propia actividad.
Y a los maestros que decidieron no aceptar una medida que les despoja de sus derechos laborales a la estabilidad, al libre ejercicio de su profesión, a la libertad de cátedra; y que atenta contra la formación docente y la educación de los niños al legalizar que personas sin preparación normalista, ni didáctica o pedagógica, puedan ejercer como maestros de preescolar y primaria, los despidieron. Según la SEP hay 3 mil 360 maestros liquidados en todo el país, en los niveles de educación básica y media superior por negarse a ser evaluados.
El despido de los maestros es ilegal, violatorio del Apartado B del artículo 123 constitucional, contrario a la Ley Federal de Trabajo Burocrático y las Condiciones de Trabajo de la SEP, porque en ninguno de los artículos que la componen se considera a la evaluación como criterio de separación del puesto de trabajo.
La ilegalidad del despido se desprende del contenido de la propia “reforma educativa” que pervierte el concepto de evaluación, convirtiéndolo en un instrumento punitivo, al margen del proceso de enseñanza-aprendizaje, y para despojar de sus derechos adquiridos al magisterio. Históricamente la profesión docente es una de las más evaluadas, y con un claro compromiso social, en ella la evaluación es un acto continuo que busca mejorar la práctica docente y la educación. Por ello es deleznable que los medios de comunicación, siguiendo posiciones e intereses de organismos empresariales como Mexicanos Primero, se empeñen en desacreditar a los mentores.
A estos agravios se suma la aplicación retroactiva de la reforma, contraviniendo las garantías Constitucionales de los artículos 14 y 1º.
Para las mujeres y hombres que se formaron como maestras y maestros, que durante años han mostrado su calificación docente frente a sus estudiantes en el salón de clases —aproximadamente un millón 500 mil en todo el país— puede ser indignante que mediante un examen estandarizado y otras pruebas de poca o nula calidad, se les desacredite, se les limite su capacidad creativa y libertad de cátedra, se les desprofesionalice, se les impida ejercer su trabajo, y finalmente pueda despedírseles.
¿Serán suficientes razones para negarse a asistir a la “evaluación” a la que quieren someterlos? ¿Una evaluación resguardada por la fuerza pública y sin consenso técnico, ni social, mejorará la educación? La respuesta la tienen los lectores.
Profesora de la Facultad de Economía e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, UNAM
caceps@gmail.com
