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Inicia 2016 con una perspectiva poco alentadora para el sistema educativo nacional, de no ser resuelto el conflicto generado por la instrumentación de la emblemática reforma del gobierno del presidente Peña Nieto.
Durante tres años en todo el país hemos vivido una gran inestabilidad en el sector educativo, desde educación básica hasta educación superior. La controversial reforma ha sido combatida ampliamente por el magisterio agrupado o no en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y cuestionada por profesores y profesoras de educación básica, media superior y superior. Pero también por investigadores educativos de reconocida trayectoria.
Destaca la descalificación que hace el nuevo rector de la UNAM, Enrique Graue, en entrevista previa a presidir su primera sesión del Consejo Universitario al señalar que la reforma no es educativa, “es una reforma hasta este momento en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos, esperamos ver la verdadera reforma educativa pronto”, afirmó. Y agregó que a la reforma en el sector le faltan los modelos educativos, mayores contenidos y materias “eso es lo que es una verdadera reforma educativa y está por verse. Es el paso que sigue”. (EL UNIVERSAL, 10/12/2015).
La UNAM, como la institución educativa con mayor liderazgo académico en México, puede jugar un papel relevante para encontrar una salida al conflicto actual y sentar las bases para una verdadera transformación educativa. Ya en diciembre de 2012, en la Universidad se elaboró el documento Transformar el Sistema Educativo Nacional. Diez Propuestas para diez años, que ante la presentación de la iniciativa presidencial de modificación del Artículo 3º Constitucional fue dejado de lado por el ex rector José Narro.
Actualmente es urgente que la UNAM ratifique su compromiso social para la solución de los problemas del país. Mucho ayudaría si el rector Graue recuperara el trabajo realizado por nuestra Universidad y promueve una convocatoria para realizar un Congreso Nacional Educativo que atienda de manera integral la problemática actual del sector; desde el acceso universal a la educación, pasando por resolver el rezago educativo y garantizar la responsabilidad gubernamental de proveer el financiamiento público, hasta asegurar las condiciones materiales para que las escuelas puedan funcionar; la transformación de los contenidos educativos y las formas pedagógicas preservando la formación crítica y científica que demandan las sociedades democráticas, a la vez que revalora la profesión docente y concibe a las maestras y maestros como los sujetos sociales más importantes para impulsar la reforma.
Un congreso en el que, junto con los investigadores educativos y la sociedad toda, participen de manera destacada las maestras y maestros del país, particularmente de la CNTE; que contrariamente a lo que difunden las televisoras, no se oponen a la evaluación de su proceso de trabajo, pues siempre han sido evaluados, se oponen a la evaluación punitiva que es la que se les ha impuesto y sí tienen propuestas, mismas que desarrollaron en once foros regionales y uno nacional, en el año 2013, foros que fueron pactados con la Secretaría de Gobernación y la SEP, pero cuyos resultados no fueron considerados en la instrumentación de la reforma.
Una reforma que pretenda ser educativa debe contar con el consenso de los maestros, de otra manera está condenada al fracaso.
Profesora de la Facultad de Economía e integrante del CACEPS-UNAM
caceps@gmail.com
