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Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió unos lineamientos con los que, dijo, va a “garantizar la equidad” en la contienda presidencial de 2018. Muchos pensamos que por fin se pondría un alto a la promoción con recursos públicos de dirigentes de partido que aspiran a la presidencia. O pensamos que el INE anunciaría medidas más estrictas para garantizar que el gobierno federal no desvíe millones de pesos para tratar de comprar la elección a favor del PRI, como sucedió en Coahuila y el Estado de México.
Nuestro árbitro electoral comenzó a “garantizar la equidad” anunciando que desde el 8 de septiembre, la libertad de expresión de las ideas en México queda regulada por una serie de criterios particulares. Los lineamientos del INE también regularán los spots que con prerrogativa pública incluyan la imagen del aspirante que es al mismo tiempo dirigente nacional o vocero de un partido. También dijeron, afortunadamente, que conceden su venia para expresar libremente las ideas en entrevistas y redes sociales, siempre y cuando no haya dinero de por medio.
Un tema que ha venido afectando la equidad son los millones de spots utilizados por presidentes nacionales y/o voceros de partidos políticos. Cuando un dirigente-candidato abusa de esos spots, está usando para fines personales recursos públicos que fueron puestos en manos de los partidos como entidades de interés público. Esos spots son para promover la participación ciudadana y la cultura democrática y para dar a conocer los postulados de los partidos ante la sociedad, no para promover la imagen de una sola persona con fines electorales. Quien abusa así engaña a la sociedad, atenta contra el espíritu de la ley electoral y vulnera la equidad en la contienda.
Las principales amenazas a la equidad electoral no están en que un ciudadano que aspira a una candidatura dé entrevistas u opine en sus redes sociales. Las amenazas verdaderas a la equidad están en la corrupción de los gobiernos que desvían millones de pesos del erario público para favorecer a sus candidatos abiertos o velados. Las amenazas a la equidad vienen del derroche abierto que realizan varios secretarios de Estado para organizar eventos masivos que son verdaderos mítines de campaña y de una regulación electoral que es incapaz de detectar cuando los partidos políticos rebasan flagrantemente los topes de gasto.
Las amenazas a la equidad también provienen del abuso de quienes tienen cargos partidistas y se aprovechan de ello para silenciar, amenazar o cooptar a los militantes y simpatizantes que apoyan otras opciones. Las amenazas a la equidad vienen de quienes deciden abusar de su poder en un partido político para ponerlo al servicio de su persona, de su imagen y de su agenda. La amenaza real está en el dinero lícito y el ilícito. Y desde luego, en dar incentivos para que un político no diga la verdad sobre sus aspiraciones, sino que vea más ventajas en mentir que en decir la verdad.
Ahí es donde el INE debería poner la lupa. Ahí es donde está en peligro no sólo la equidad de la contienda electoral, sino la libertad del ciudadano y la legitimidad de todo el proceso democrático ante los ojos de la sociedad. Si alguien podría levantar la voz y poner orden para detener esos abusos, ese es el árbitro electoral.
Abogada
