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El debutante gobierno de Sinaloa de Quirino Ordaz Coppel llega a su segundo semestres con dos grandes reclamos sociales: combate a la inseguridad y combate a la escandalosa corrupción del sexenio malovista. En el tema de la inseguridad se han incrementado los homicidios, el robo de automóviles, el asalto a comercios y a casa habitación, sin que se vean acciones comprometidas del gobierno estatal para que la seguridad mejore. Lo más que hay son declaraciones públicas y privadas del gobernador donde dice que “él no va a pactar con el narco”, que compró unos drones que ya van a llegar y que tiene todo el apoyo de la Federación y de los militares.
Sin embargo, acciones concretas que empiecen a recuperar la paz en el estado no hay. Los sinaloenses quieren pasear con su familia en paz, transitar por las calles sin que los asalten, circular en las carreteras sin que los roben, poder ir a sus negocios o quedarse en sus casas sin riesgos que atenten contra su patrimonio o su vida.
En lo que corresponde a la corrupción del sexenio “malovista”, la sociedad quiere que no quede impune. El propio gobierno estatal ha dado cuenta del desastre financiero en que se recibió la administración y de los excesos y corrupción en la Secretaría de Salud. Al tiempo que señalo que se están presentado las denuncias administrativas y penales a que haya lugar. También diversos medios de comunicación como Noroeste y Río Doce han denunciado los abusos y corrupción cometidos por el gobierno de Mario López Valdez.
Pareciera que el sello de este sexenio será la falta de compromiso y la tibieza ante los reclamos sociales. Sin embargo, esto no es todo. ¡Aún hay más!, como decía Raúl Velasco.
El pasado 20 de junio un grupo de diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización de la actual Legislatura local presentaron iniciativa que propone derogar el párrafo sexto y párrafo séptimo del artículo 37 de la Constitución sinaloense. Los párrafos señalados dicen: “el Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo por cada semestre de ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del Estado, y de los municipios”. “Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo”.
El prestigiado constitucionalista Felipe Tena Ramírez, en su clásico Derecho Constitucional Mexicano, nos dice: “Las facultades de las Cámaras en materia hacendaria, se ejercen principalmente a través de 3 actos: la expedición de la Ley de Ingresos, la expedición del Presupuesto de Egresos y la aprobación de la Cuenta Pública anual”. Es decir, es el Congreso el que autoriza al Ejecutivo recaudar ingresos, cómo va a gastar, y finalmente, es el Congreso el que aprueba cómo gastó, fiscalizando y comprobando si el gasto de realizó con apego al presupuesto y a la normatividad.
En el libro Manual de Técnica Legislativa, coordinado por Salvador Nava Gomar, se señala que además de la función de crear leyes, la función de control del gobierno es históricamente una de las más importantes de los Parlamentos, por lo que el control parlamentario del gobierno tiene que ver con la “facultad y capacidad del Poder Legislativo de fiscalizar y comprobar sus actuaciones”.
Así pues, la facultad de control del gobierno que incluye la de control presupuestal es una facultad irrenunciable de los poderes legislativos, por tanto esta iniciativa que impulsa el gobernador Quirino Ordaz a través de diputados locales “a modo” del PRI, Partido Sinaloense, PVEM y Panal, que pretende quitar la facultad del Congreso del estado de aprobar o suspender las cuentas públicas no debe aprobarse. México y Sinaloa necesitan contrapesos y por tanto fortalecer la independencia de los poderes legislativos y no debilitarlos quitándoles facultades fiscalizadoras.
Diputado federal independiente.
@ClouthierManuel
