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En días pasados el presidente italiano Sergio Matarella rindió tributo a cientos de ciudadanos que fueron asesinados por las mafias de su país en las últimas décadas. La ceremonia se realizó en un pueblo de Calabria, base de la banda criminal ‘Ndrangheta, una de las principales mafias italianas, como la Cosa Nostra y la Camorra.
El presidente señaló que la mafía “todavía sigue fuerte”, y que estas organizaciones mafiosas operan gracias a la colaboración de agentes del gobierno.
La anterior noticia nos obliga a reflexionar sobre la situación que guarda el crimen organizado en México. El comisario Gayraud en su libro El G-9 de las mafias en el mundo, nos dice que el detonante de las mafias se da con la caída del muro de Berlín. Este hecho geopolítico dio origen al nacimiento de muchos Estados-nación débiles que permitieron el crecimiento de los grupos criminales.
En México este detonador se da once años después con la alternancia en la Presidencia de la República. Varios son los indicadores que evidencian este hecho; primero tenemos la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2001, con duda de si lo dejaron salir. El siguiente hecho es que ante la debilidad del gobierno foxista para combatir la corrupción del viejo régimen priísta, los gobernadores priístas crearon la Conago, como un poder fáctico en el nuevo sistema político.
El gobierno de Sinaloa de Juan S. Millán (1999-2004) al parecer logró una alianza con el Cártel de Sinaloa para impulsar “el negocio” a nivel nacional y así vimos a otros gobernadores muy activos, como los de Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, Durango, entre otros. El caso Tamaulipas con Tomás Yarrington se da en alianza con “la marca equivocada”, por eso ha sido perseguido.
Durante este período se consolida el crimen organizado en nuestro país, porque bastaba que un cártel se arreglara con el gobernador para conquistar el territorio. Esto se dio a los ojos del presidente Fox, quien no quiso tocar a los gobernadores “ni con el pétalo de una rosa”.
También en ese sexenio foxista, además de la corrupción en las gubernaturas, los cárteles corrompieron muchas de las estructuras de nuestras fuerzas militares, no solo a las policías. Es aquí que en Sinaloa se da origen a un proyecto político mafioso transexenal que incluía al menos tres sexenios (1999-2016), por eso el diagnóstico que llevó al presidente Calderón a declarar la guerra al narcotráfico no estaba equivocado. Lo que estuvo mal fue cómo se libró esta guerra.
Calderón enfrentó al crimen organizado con un ejército infiltrado por el Cártel de Sinaloa y vimos que se combatió a muchos cárteles opositores al “oficial”. Calderón declaró “la guerra” al narco sin combatir la corrupción y el lavado de dinero de los gobernadores que lo apoyaron electoralmente. El incremento de la violencia por esta guerra es conocido.
Hoy vemos que con el regreso del PRI al poder federal no se han podido recuperar territorios (estados) que siguen bajo el total control del crimen organizado, tales como Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Durango, y Sinaloa, entre otros. Sin embargo, en el discurso público se señala que son los policías municipales los que están coludidos con las mafias, sin reconocer que esto deriva de arreglos a niveles estatales. Así vino la propuesta de mando “único” policial que buscaba eliminar las policías municipales para concentrarlas en el poder de los gobernadores.
Hoy, la idea ha variado un poco y lo llaman mando “mixto” para que los gobiernos estatales puedan ayudar de manera subsidiaria a los municipios que no puedan cumplir esta función de seguridad preventiva. También en el Poder Legislativo se está discutiendo la Ley de Seguridad Nacional Interior, que busca darle un marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en aspectos de seguridad del país. Esta Ley preocupa porque da gran discrecionalidad a las Fuerzas Armadas una vez que sean autorizadas a entrar a una región, incluso esta Ley no señala la necesidad de las Fuerzas Armadas de respetar los derechos humanos.
También debe discutirse una ley de controles patrimoniales que busque eliminar el financiamiento de campañas políticas por el crimen organizado y a cualquier aspirante a candidato.
Estas iniciativas de mando mixto, ley de seguridad interior y de controles patrimoniales deben atenderse simultáneamente, en paquete. Además tiene que venir aparejado con acciones que nos permitan ver a gobernadores en la cárcel por corrupción, por lavado de dinero y por colusión con el crimen organizado, y que estas acciones no lleven un sesgo político, como sucede actualmente.
Diputado federal independiente
