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En el artículo anterior titulado No dar marcha atrás dimos cuenta de cómo la política corrompió el sistema educativo mexicano. Hoy tratamos de explicar por qué la importancia de una reforma educativa. El mundo está cambiando y están surgiendo nuevos paradigmas ante la revolución de las tecnologías, la globalización, la economía del conocimiento y la degradación del poder.
Esto presenta grandes retos y oportunidades para los nuevos mexicanos que construirán el nuevo México del siglo XXI. Un mexicano igual al del siglo XX, incluyendo el de la segunda mitad, no será capaz de generar un país diferente y mejor, por eso necesitamos educar “un nuevo mexicano con capacidad de transformar al país. México no será un país primermundista con ciudadanos y gobernantes tercermundistas.
Durante años la estrategia educativa fue cuantitativa, cobertura, y nunca supimos de la calidad de nuestra educación. Hoy nuestro sistema educativo cuenta con poca cobertura y muy mala calidad. Veamos datos. Nos dice Carlos Elizondo, en su libro Por eso estamos como estamos, que en 2008 46% de los mexicanos contaba con primaria terminada, solo 21% tenía secundaria concluida, 17% la preparatoria, y sólo el 16% contaba con algún grado de educación superior.
La calidad del sistema la evidencia la prueba internacional PISA, que evalúa a los alumnos de 15 años en competencias de comunicación y lectura, matemáticas y ciencias. La prueba PISA no evalúa a los jóvenes que no están en el sistema que en México representa 40% de la población de 15 años, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 13%.
Nos continúa diciendo Elizondo, que en 2009, 22% de los estudiantes mexicanos no llegó al nivel de competencia mínima, nivel 1 en matemáticas. En la prueba de comunicación 25% de los estudiantes está en nivel 1ª, y 15% no llega siguiera a éste. Además, el sistema produce muy pocos estudiantes en los dos niveles más altos (5 y 6) de la prueba PISA, menos de 0.5%. Estos son datos duros y objetivos, sobre la realidad del sistema educativo mexicano. Las evaluaciones de los docentes también arrojan resultados catastróficos y la evaluación de la infraestructura escolar es deprimente.
Esta es la realidad objetiva sin buscar culpables, la educación en nuestro país es un desastre. Las evaluaciones nos han permitido saber dónde estamos parados al tiempo que se parte de la premisa organizacional de que sólo lo que se mide se mejora. Urgía hacer algo para mejorar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de nuestro país.
En 2013 se realizó una reforma constitucional al artículo 3º en materia educativa que destaca el derecho de los niños y jóvenes mexicanos a aprender y a una educación de calidad por encima de cualquier interés político, electoral o laboral. Estableciendo un deber por parte de los educadores (padres, maestros, autoridades, etcétera) y un derecho por parte de los educandos.
El derecho a la educación está contenido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”. La educación es la acción subsidiaria por excelencia, y como derecho humano que es, le aplica el principio jurídico de la oportunidad efectiva. Es decir, no basta que se reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo. En México el ejercicio de este derecho humano se ha visto truncado tanto en cobertura como en calidad.
A raíz de la reforma se ha recuperado la rectoría del Estado sobre la educación del país, misma que había sido usurpada por cúpulas sindicales, llegando al extremo de que el sistema permitió la herencia y la compraventa de plazas, donde las lealtades políticas, el amiguismo y el interés económico fueron más importantes que una educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Hoy existe la obligación constitucional de concursar todas las plazas disponibles.
El deber de educar recae fundamentalmente en los padres de familia y corresponde a éstos, que al delegar parte de su función educadora en personas e instituciones del Estado, sean los padres vigilantes de que sus hijos reciban una educación formadora en valores y de calidad. Y corresponde al Estado un interés genuino de educar a sus ciudadanos para mejorar las condiciones sociales de su comunidad. Vigilemos pues.
Diputado federal independiente
@ClouthierManuel
