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En la situación actual de la economía, tres me parecen los fenómenos más significativos: la caída del precio del petróleo, la devaluación y la deuda pública, tanto interna como externa.
En cuanto al petróleo, ya se sabe que desde hace décadas había servido para financiar una tercera parte del gasto público y, por lo tanto, el descenso drástico de su precio, en más del 80%, significa que el gobierno sólo tiene tres opciones: o pide prestado, o disminuye su gasto, o aumenta los impuestos.
En un país con la desigualdad que existe en México, la vía preferible, tanto desde el punto de vista técnico como humano, sería el aumento del impuesto sobre la renta a las grandes empresas y a los más ricos, y de esa manera solventar el gasto público.
La segunda opción es el contratar créditos, y a esta vía ha recurrido la actual administración hasta el punto de que los requerimientos financieros del sector público sumaron en 2015 nada menos que 8 billones 338 mil millones de pesos y fue superior en 891 mil 900 millones al de diciembre de 2014. Se trata de una magnitud que permite afirmar que muy probablemente la deuda se convertirá en el principal problema de la economía mexicana.
Y a ese monto, habría que agregar otro que no aparece como deuda, pero sí obliga al gobierno a mantener millones de dólares estacionados en las reservas de divisas, para contar con liquidez para los vaivenes del mercado. Me refiero a las inversiones de extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores. El pasado 3 de marzo, en su reporte al Banco de México, la Bolsa informó que en enero de este año, habían salido del país 6 mil millones de dólares, de este tipo de inversiones. Se trata, pues, de una fuga de capitales que el país tiene que pagar en dólares, aunque no se trate de créditos. (El monto total de inversiones de extranjeros en la Bolsa es de 127 mil 972 millones de dólares). Y hay que destacar que las perspectivas de recesión determinarán el aumento de las fugas de capital.
Contra lo que indica el examen técnico de la economía y también el sentido social, la actual administración optó por los recortes presupuestales. Aplicados primero en 2015, luego en el presupuesto para ejercerse este 2016, y apenas transcurrido el primer mes se está aplicando un tercer recorte por 132 mil millones de pesos. Esta opción significa que se está eligiendo paralizar la economía, porque ya se sabe que el gasto público es el principal instrumento para impulsar el crecimiento y viceversa, los recortes presupuestales afectan a toda la producción, no sólo al rubro específico en donde se recorta el gasto. Por eso, no es extraño que precisamente ahora, después de los recortes, el Inegi reconozca la recesión. De esta manera, lo que pueden esperar los trabajadores del país es un mayor desempleo o subempleo, de los que ya se muestran en que el 60% de la economía mexicana sea subterránea.
Pero no sólo eso. También habrá un repunte de la inflación. En primer lugar, porque el peso de los monopolios en la economía y la estrechez del mercado por la desigualdad en el ingreso, permiten que cuando hay recesión, las empresas dominantes reaccionen disminuyendo la producción (al cabo no tienen competidores que se apropien de su parte del mercado) y aumentando el precio. Pero además, porque es tal la dependencia que tiene la economía mexicana, que gran parte de los insumos para la producción son importados y cuando hay una devaluación drástica, como la de estos meses, los insumos se encarecen y la respuesta de los empresarios es también repercutir sus mayores costos en los precios de las mercancías. En el futuro inmediato, pues, lo que podemos esperar es inflación y desempleo.
Profesora de la Facultad de Economía e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS caceps@gmail.com
