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Dentro del conjunto de agresiones, homicidios y desapariciones de los que dan cuenta de manera cotidiana los medios de comunicación, los ataques cometidos contra periodistas y comunicadores adquieren una relevancia especial en el contexto de violencia e inseguridad que enfrenta nuestro país.
Todas las vidas son igual de valiosas y todos los hechos delictivos deben ser sancionados conforme a derecho, no obstante, cuando se ataca a un periodista o comunicador la afectación trasciende a la sociedad en su conjunto, toda vez que se afectan sus derechos a la libertad de pensamiento e información, cuando se restringe la posibilidad de acceso a la información veraz y objetiva generada por la actividad periodística.
La violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en nuestro país, pero en los últimos meses ha registrado un alarmante e inusual aumento. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que va del presente año han ocurrido seis homicidios de periodistas. Un total de 126, contando del año 2000 a la fecha, además del reciente asesinato del hijo de una directiva de un medio de comunicación. En poco menos de cinco meses se habría cometido un número de homicidios cercano a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se estaría presentando un aumento de 300% en el número de casos respecto a 2016. Inclusive, al momento en que escribo estas líneas, se da a conocer un nuevo caso de desaparición de un periodista en el estado de Michoacán, el cual esperamos y exigimos aparezca con vida.
Estos hechos constituyen una señal de alerta que demanda que emprendamos acciones concretas que tengan una incidencia real en la atención de esta problemática y que reflejen compromiso y voluntad política para abatir la violencia y generar condiciones adecuadas de seguridad en todo el país, que permitan la convivencia pacífica de las personas, así como el ejercicio de sus derechos, lo cual lleva implícito el ejercicio seguro y libre de la actividad periodística. En la consecución de esta meta el abatimiento de la impunidad resulta indispensable.
De acuerdo al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, se determinó que en 82% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% tratándose de los 20 casos de comunicadores desaparecidos y de los 51 atentados a instalaciones de medios de comunicación, por lo que en términos generales existe 90% de impunidad en este tipo de agresiones, lo que revela la ausencia de resultados efectivos en el esclarecimiento de tales agravios a la libertad de expresión y pone de manifiesto la existencia de una problemática real en la procuración de justicia en nuestro país.
Terminar con la impunidad es la única vía para revertir la violencia contra informadores y prevenir la repetición de ataques en su contra, ya que genera un ambiente impropio para el normal ejercicio de la actividad periodística y que propicia que se presenten nuevas agresiones, pues quienes las llevan a cabo saben que la posibilidad de que tengan que responder ante la justicia por sus actos es mínima.
En días pasados, el Ejecutivo federal anunció una serie de medidas para fortalecer la protección a periodistas por conducto de los mecanismos de protección establecidos para ello, así como de las instancias encargadas de la persecución de los delitos. La seriedad de la situación por la que atravesamos hace evidente la necesidad no sólo de fortalecer, sino de replantear esos modelos y mecanismos bajo un enfoque que enfatice la importancia de la prevención en este ámbito, de manera adicional al esquema sustentado en medidas de protección que hasta ahora ha operado. Esta tarea demanda el esfuerzo y la responsabilidad conjunta de autoridades y sociedad, pero también de los propios medios y de los periodistas.
En este sentido, el contenido de la Recomendación General 24, Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, emitida por la CNDH en 2016, puede resultar orientador para la construcción y operación de políticas públicas que al efecto se establezcan. Deben encontrarse mecanismos que encaucen la solidaridad existente entre el medio periodístico ante estos ataques y enfaticen la fuerza de las palabras y la verdad frente a la violencia, como podría ser que todos los medios publicaran la información que se quiso ocultar mediante la agresión al periodista.
La CNDH ha determinado convocar a un encuentro a todos los actores de la actividad periodística del país, para escuchar sus planteamientos y necesidades, entre ellos, a los propietarios de medios, periodistas y comunicadores, así como a académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de periodistas, organismos internacionales e instancias gubernamentales, con el fin de redefinir las bases de una política común que permita abatir la violencia y propiciar un ejercicio más seguro y libre del periodismo en nuestro país.
El fortalecimiento de la democracia que nuestro país requiere debe tener como uno de sus puntos fundamentales el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, lo cual demanda que se generen condiciones propicias de seguridad para todas las personas dedicadas a la labor periodística puedan realizar su trabajo de manera libre y sin riesgos. Las circunstancias nos demandan actuar con urgencia en este sentido.
* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
